Lo que comenzó como una noble transición hacia la sustentabilidad terminó convirtiéndose en un gasto hormiga que golpea diariamente el bolsillo de las familias mexicanas. Desde 2018, la prohibición de plásticos de un solo uso obligó a los comercios a cambiar sus materiales, pero la mayoría decidió trasladar ese costo al cliente. Hoy, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) ha puesto el tema sobre la mesa del Congreso: propone reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor para que los establecimientos entreguen de manera totalmente gratuita las bolsas de acarreo permitidas.

La cifra es reveladora: en México, una familia utiliza en promedio 650 bolsas al año. Al cobrarlas, los supermercados y tiendas de autoservicio no solo están cumpliendo con una norma ambiental, sino que han encontrado una nueva vía de ingreso a costa del consumidor. Mejía Berdeja argumenta que la «transición ecológica» no debería ser un pretexto para vulnerar la equidad en el consumo; por el contrario, los proveedores deben absorber el costo de los materiales biodegradables, compostables o reutilizables como parte de su responsabilidad operativa.

La propuesta busca adicionar el artículo 7 Ter a la ley vigente, estableciendo con claridad que la entrega de bolsas autorizadas por la normatividad ambiental debe ser sin costo adicional. El legislador sostiene que cobrar por estos insumos representa un impacto acumulativo innecesario en la economía doméstica, especialmente cuando millones de personas realizan compras de productos esenciales diariamente. «La protección del planeta no tiene por qué pelearse con los derechos de quienes menos tienen», señaló el diputado al presentar el proyecto.

Esta reforma no solo es un respiro para la cartera, sino que invita a las grandes cadenas comerciales a ser verdaderamente corresponsables con el entorno. De aprobarse, el gesto de empacar las compras volvería a ser un servicio incluido, eliminando ese cobro extra que, aunque parece mínimo en caja, suma miles de pesos al año en el presupuesto de los hogares. Con esta iniciativa, el Congreso tiene la oportunidad de armonizar la ecología con la justicia económica, demostrando que el cuidado del medio ambiente es una tarea colectiva que no debe recaer únicamente en el bolsillo del ciudadano.

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