La Cámara de Diputados se ha convertido en el tablero de ajedrez donde se define el futuro del tiempo libre en México. En este 2026, la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas ha entrado en una fase de «parlamento permanente». Tras haber superado la etapa de comisiones, el dictamen enfrenta ahora el reto de alcanzar la mayoría calificada, pues al tratarse de una modificación constitucional al Artículo 123, requiere un consenso que trascienda los colores partidistas. El ambiente en San Lázaro es de una calma tensa, donde cada palabra en la tribuna cuenta para inclinar la balanza entre la justicia social y la estabilidad económica.
Dentro de los pasillos de la Cámara, la discusión ha evolucionado hacia una «reforma de aplicación escalonada». Los legisladores han escuchado las voces de las cámaras de comercio (como la CONCANACO y la COPARMEX), quienes advierten sobre un posible impacto inflacionario del 15% si la medida se aplica de golpe. Por ello, la propuesta que hoy suena con más fuerza entre las bancadas es la implementación gradual: empezar por las grandes corporaciones para que, en un lapso de dos a tres años, las micro y pequeñas empresas puedan ajustar sus plantillas sin quebrar en el intento.
Uno de los puntos de mayor fricción en la Cámara ha sido el pago de las horas extra. Mientras que los sectores más progresistas exigen que el límite de horas extra se mantenga estricto para forzar la contratación de más personal, otros bloques legislativos proponen esquemas de flexibilidad que permitan a las industrias con picos de producción (como la manufactura y el campo) adaptarse al nuevo calendario. «No queremos una ley que sea letra muerta, queremos una que se pueda cumplir», se escucha decir con frecuencia en las reuniones de la Comisión de Puntos Constitucionales.
A pesar de los retrasos que han causado molestia entre los colectivos de trabajadores, la Cámara ha logrado avances significativos en la redacción de los «transitorios». Se busca que la ley contemple incentivos fiscales para aquellas empresas que logren la transición a las 40 horas antes de lo previsto. Este enfoque de «zanahoria y garrote» pretende suavizar la resistencia del sector privado, convirtiendo la reducción de la jornada en un distintivo de modernidad y competitividad internacional para las empresas mexicanas.
El reloj legislativo sigue avanzando y la presión social en las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro es constante. Para las y los diputados, el costo político de congelar la iniciativa es cada vez más alto. La moneda está en el aire, pero la tendencia en este 2026 es clara: el «piso parejo» ya no es negociable. Lo que se define hoy en la Cámara no es solo una jornada laboral, sino el nuevo contrato social de un México que aspira a ser productivo sin sacrificar la salud y la felicidad de su gente.
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