Así lo dice La Mont

Por Federico La Mont

Origen: La historia de la relación entre México y Estados Unidos es como un códice azteca donde las tragedias del pasado se reescriben con la tecnología del nuevo milenio, creando un ciclo de interpretaciones erróneas que a menudo confunden los hechos con el mito popular.

Para ello es necesario desenredar las confusiones históricas que sitúan eventos con el peso real de la soberanía. No sé trata de una invasión vinculada al Tratado de La Mesilla en 1846; la cronología de aquel siglo XIX fue más compleja.

La intervención estadounidense ocurrió entre 1846 y 1848, detonada por la anexión de Texas y las disputas fronterizas en el Río Bravo, no por un tratado de compraventa posterior.

El paisano Antonio López de Santa Anna, figura central de este drama, no perdió un tercio del territorio en Veracruz, sino que fue tras la caída de la Ciudad de México y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo cuando se entregó más de la mitad del suelo nacional.

La Mesilla, en realidad, fue una venta forzada en 1853, un apéndice de la derrota donde se entregaron tierras de lo que hoy es Arizona y Nuevo México por diez millones de pesos para evitar con ello una nueva guerra que el país no podía costear.

Otra historia: El vínculo con los Acuerdos de Bucareli de 1923 es una narrativa que mezcla épocas: aquellos no fueron producto de la guerra de 1847, sino de la necesidad del gobierno de Álvaro Obregón de obtener el reconocimiento diplomático de Washington tras la revolución, pactando condiciones sobre la no retroactividad del artículo 27 constitucional respecto al petróleo, una herida de soberanía económica, no de pérdida territorial directa por bayonetas.

Sobre los Acuerdos de Bucareli pesa una leyenda urbana persistente de la política mexicana: la existencia de cláusulas secretas que prohibían a México desarrollar tecnología propia, como motores o aviones, por un siglo.

Esta narrativa resurgió con fuerza durante la primera administración de Donald Trump, alimentada por sectores que veían en el proteccionismo estadounidense la convalidación de sus sospechas históricas. Sin embargo, la realidad jurídica es que no existe tal «secreto de cien años» que expire legalmente bajo la supervisión de la Casa Blanca.

Los acuerdos fueron un entendimiento informal un «gentlemen’s agreement» y sus actas son públicas en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Trump, con su retórica de «América Primero», nunca puso sobre la mesa el levantamiento de un secreto técnico de Bucareli porque, en la práctica diplomática y comercial, el control sobre la industria mexicana hoy no se rige por un papel de 1923, sino por las reglas de origen del T-MEC y la integración de las cadenas de valor.

La idea que una firma de hace un siglo impide el despegue tecnológico actual es más un mecanismo de defensa ante nuestras propias carencias de inversión en ciencia que una restricción vigente impuesta por el Departamento de Estado.

Acuerdos: La cooperación durante 2025 Washington – CDMX en seguridad marcó un hito en la modernización de la vigilancia fronteriza y del interior para muestra el empleo de drones en Valle de Bravo lo cual no fue una incursión unilateral, sino el resultado de un marco de colaboración táctica diseñado para combatir la infiltración del crimen organizado en zonas residenciales y de reserva natural.

Estos dispositivos, equipados con tecnología de reconocimiento facial y sensores térmicos de última generación, permitieron un monitoreo en tiempo real que las fuerzas terrestres no podían cubrir debido a la complejidad orográfica de la zona. Esta cooperación se basó en el intercambio de inteligencia técnica, a través de la cual Estados Unidos proporcionó la plataforma de vuelo y México mantuvo el control como operacion de los datos obtenidos.

A diferencia de las intervenciones del siglo XIX, esta presencia tecnológica se presentó bajo la narrativa de la «seguridad compartida», aunque no quedó exenta de críticas por parte de defensores de la soberanía nacional, quienes observaron en los drones sobre el Estado de México una extensión de la frontera estadounidense hacia el corazón del país.

Conclusión: Queda la interrogante sobre si Donald Trump iniciará ataques directos contra los cárteles mexicanos como una base electoral hacia la elección de noviembre. La retórica de designar a las organizaciones criminales como entidades terroristas no es solo un eslogan de campaña, sino una vía legal para autorizar operaciones quirúrgicas más allá de sus fronteras.

No se vislumbra una invasión de infantería al estilo del siglo XIX, sino una guerra de precisión: ataques con misiles desde plataformas remotas y operaciones de fuerzas especiales orientadas a descabezar estructuras financieras y logísticas.

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El riesgo de esta postura radica en la erosión definitiva del principio de no intervención; si Washington decide que la amenaza del fentanilo justifica el fuego unilateral, la relación bilateral ingresará en una fase de ruptura que ni los tratados comerciales ni la diplomacia podrían contener.

La realidad de estos ataques dependerá de la resistencia institucional en México y de la capacidad de negociación de una administración que se encuentra atrapada entre la necesidad de ayuda externa y el imperativo histórico de no permitir que, por tercera vez en dos siglos, el suelo mexicano sea el tablero donde Estados Unidos dirima sus crisis internas.