Bajo la política de Cero Tolerancia a la Corrupción, el Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, inició 312 expedientes de investigación y mantiene bajo observación otros 179 procedimientos.

A través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, se han impuesto ya las primeras 27 sanciones a servidores públicos por faltas administrativas, enviando un mensaje claro de legalidad y rendición de cuentas en la administración estatal.

El gobernador Armenta subrayó que su administración combina la prevención con la aplicación firme de la ley, sin excepciones ni privilegios. Mientras que las faltas no graves son resueltas internamente, los casos de faltas graves han sido turnados a la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, y aquellos con indicios de delito se han remitido directamente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para su cauce penal.

La participación ciudadana ha sido el motor de estas acciones, logrando la atención de 5,184 señalamientos y la recepción de 214 denuncias formales. Para facilitar este proceso, el estado cuenta con una robusta red de 534 Buzones Digitales, la plataforma PROintegridad y líneas de atención directa, asegurando que cada reporte sea investigado y, de ser procedente, sancionado conforme a derecho.

Destaca en la agenda de fiscalización el expediente del Museo Internacional del Barroco, donde continúan las diligencias para determinar responsabilidades legales. Estas medidas buscan abatir el rezago administrativo, logrando concluir 306 expedientes de ejercicios anteriores, lo que refuerza la eficiencia institucional en el combate a la impunidad.

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