Un viraje a la inteligencia tradicional
¿Percepción?: Durante casi dos décadas, la estrategia de seguridad en México fue dominada por la presencia física de miles de botas sobre el terreno, vehículos blindados patrullando avenidas principales y retenes en carreteras secundarias. Sin embargo, la inercia de la violencia demostró que la ocupación territorial, por sí sola, es insuficiente para desmantelar estructuras criminales que operan como corporaciones transnacionales.
En este contexto, los siete años de la 4T plantearon un cambio de paradigma donde los órganos de inteligencia naval y militar dejan de ser solo actores de apoyo para convertirse en la columna vertebral de la lucha contra el crimen organizado. Su utilidad primordial hoy no es la confrontación directa, sino la capacidad de generar una radiografía precisa de las redes logísticas, financieras y operativas de los cárteles. Sirven para ver lo que es invisible para la policía convencional: desde la ruta de precursores químicos en altamar hasta el movimiento de columnas armadas en las sierras más inaccesibles. La inteligencia naval y militar ya son el insumo básico para realizar operaciones quirúrgicas que minimicen los daños colaterales y maximicen la disrupción de las economías ilícitas, permitiendo golpear no solo al sicario, sino a la estructura de mando y lavado de dinero.
Razón: Es indispensable identificar a quienes llevan las riendas de estos aparatos y aunque los directores operativos de las secciones de inteligencia suelen mantenerse en el anonimato por seguridad, la responsabilidad política y estratégica recae en los titulares de Sedena y Semar En el primer caso Defensa, el liderazgo lo ostenta el General Ricardo Trevilla Trejo.
Su perfil no es coincidencia; Trevilla es un oficial formado en las entrañas del Estado Mayor, con una trayectoria marcada por la planeación estratégica y el manejo de información sensible, lo que marca una diferencia respecto a perfiles puramente operativos de administraciones pasadas. En la SEMAR, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles encabeza la institución con una visión técnica y experiencia en proyectos de infraestructura estratégica, supervisa la potente Unidad de Inteligencia Naval (UIN), considerada una de las agencias más sofisticadas del continente en términos de tecnología y capacidad de intercepción.
Ambos secretarios representan una doctrina donde la información privilegiada es su arma principal, y su liderazgo está enfocado en modernizar los sistemas de recolección de datos para anticipar amenazas en lugar de solo reaccionar a ellas.
SOS: El desafío histórico, no es la falta de información, sino la incapacidad de compartirla. Aquí es donde entra la figura de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La actual coordinación busca romper la desconfianza que tradicionalmente existe entre militares marinos y civiles. Bajo el nuevo esquema del Sistema Nacional de Inteligencia, la SSPC funge como el ente articulador que recibe la inteligencia bruta generada por la Defensa y la Marina para procesarla y convertirla en productos útiles para la investigación criminal.
La clave de esta coordinación reside en la reciente reforma al artículo 21 constitucional, que dota a la secretaría de Harfuch de capacidades de investigación. Esto permite que un reporte de inteligencia naval sobre un contenedor sospechoso, o un informe de inteligencia militar sobre la ubicación de un laboratorio, no se queden en archivos clasificados, sino que se transformen en carpetas de investigación sólidas ante un juez. Con su experiencia operativa y un lenguaje común con las fuerzas armadas, Harfuch actúa como el traductor que lleva la inteligencia del campo de batalla al terreno jurídico, buscando que las detenciones se sostengan con evidencia técnica y no solo con la flagrancia del momento.
Objetivo: Las funciones de cada organismo están claramente delimitadas, pero son complementarias en este ecosistema. La inteligencia naval, a través de la UIN, se especializa en el dominio marítimo y aéreo-costero, así como en operaciones urbanas de alto impacto. Sus funciones incluyen la inteligencia de señales (SIGINT) para interceptar comunicaciones encriptadas de grupos criminales, el monitoreo satelital de embarcaciones para frenar el tráfico de fentanilo y cocaína, y la inteligencia financiera para rastrear el lavado de dinero en aduanas.
La Marina actúa a menudo como el bisturí del Estado, ejecutando detenciones de objetivos de alto valor con precisión tecnológica. Por su parte, la inteligencia militar, operada a través de la sección S-2 del Estado Mayor de la Defensa, tiene una vocación territorial y de profundidad. Sus funciones abarcan el reconocimiento geoespacial para detectar sembradíos y pistas clandestinas, la inteligencia humana (HUMINT) para infiltrar redes de informantes en comunidades rurales y la vigilancia de la infraestructura crítica del país. El Ejército aporta el volumen y la capilaridad, llegando a donde ninguna otra institución puede, y proveyendo el mapa de calor sobre la violencia homicida y los movimientos de grupos paramilitares. Juntas, estas instituciones alimentan ahora a una superestructura civil que tiene la misión de usar esos datos para pacificar el país, no mediante la guerra, sino mediante la justicia informada.
