Con 407 votos a favor y sin oposición, la Cámara de Diputados aprobó reformas para garantizar que los sindicatos del sector público cuenten con protección efectiva frente a cualquier intervención de personas servidoras públicas en su vida interna. El dictamen fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación.

La reforma incluye la adición del artículo 69 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y del artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cualquier acto de injerencia será considerado falta administrativa grave y sancionado conforme a la ley.

Entre las conductas prohibidas se encuentran la coacción, amenazas o condicionamiento de apoyos para influir en votos sindicales; uso de recursos públicos con fines de proselitismo; intimidación jerárquica; propaganda institucional que favorezca a una planilla; y negarse injustificadamente a colaborar con autoridades laborales durante procesos electorales.

Legisladores destacaron que estas medidas buscan garantizar procesos democráticos reales en los sindicatos, evitando presiones de autoridades sobre trabajadores para respaldar o rechazar dirigencias sindicales.

La diputada Sonia Rincón Chanona (Morena) afirmó que la aprobación representa un paso histórico para la dignificación laboral. Recalcó que el Estado debe ser el primer garante de los derechos que proclama y no su transgresor. “Hoy se reafirma el compromiso con un sindicalismo libre y autónomo”, señaló.

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