La Cámara de Diputados avanzó en la aprobación de una reforma al Código Penal Federal que incrementa las penas por delitos ambientales y amplía las conductas sancionables.
Legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas coincidieron en que la crisis ambiental del país exige medidas más firmes para proteger ecosistemas, biodiversidad y recursos naturales.
El dictamen, impulsado desde la Comisión de Justicia, eleva penas de dos a diez años de prisión e incorpora multas más severas para actividades como tala ilegal, descargas tóxicas, tráfico de especies y daños a ecosistemas críticos como manglares, humedales, lagunas y arrecifes. También sanciona el quebrantamiento de sellos y establece responsabilidad penal para personas morales.
Durante la discusión, se destacó que los incendios provocados, el tráfico de totoaba y vaquita marina, la contaminación de ríos y la deforestación acelerada han dejado en evidencia que las penas actuales no disuaden a quienes lucran con el deterioro ambiental. Legisladores remarcaron que México tiene obligaciones constitucionales e internacionales que requieren acciones inmediatas.
Representantes de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC respaldaron la reforma, aunque varios señalaron que endurecer sanciones no será suficiente si no se fortalecen las capacidades técnicas, humanas y financieras de las autoridades ambientales para garantizar inspecciones, vigilancia y sanciones efectivas.
Con la reforma, el Congreso envía un mensaje de unidad frente a la devastación ambiental y una advertencia clara: dañar el ambiente tendrá consecuencias penales más severas. El objetivo es frenar la impunidad, proteger los ecosistemas y garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano.
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