Morena encendió las alarmas en el Congreso capitalino al presentar una serie de pruebas que, según el partido, acreditan la operación de grupos de choque desde las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo durante la marcha del 15 de noviembre. La bancada exigió una investigación a fondo y la destitución inmediata —vía juicio político— de los alcaldes Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, si se confirma su participación o conocimiento en los hechos.

Durante la conferencia, el diputado Paulo García aseguró que los disturbios del pasado sábado fueron “la primera puesta en marcha de una estrategia de desestabilización”, afirmando que no se trató de una marcha espontánea, sino de una operación política orquestada por estructuras de la oposición. “Detrás de los hechos violentos del Zócalo están figuras centrales de la oposición de esta ciudad”, enfatizó.

Entre los señalamientos más graves está el presunto acarreo masivo de vendedores ambulantes del Centro Histórico desde la alcaldía Cuauhtémoc, donde líderes comerciales —de acuerdo con Morena— exigieron a cada puesto enviar al menos dos personas bajo amenaza de perder sus espacios laborales. La operación habría sido coordinada por Rubén Jiménez Barrios, ligado al PRI capitalino.

También se acusó a un funcionario local, Ubaldo Balderrama Ortiz, de amenazar de muerte a elementos policiacos durante los disturbios en el Zócalo, lo que, según la bancada, evidencia el involucramiento directo de personal público en acciones violentas.

En Miguel Hidalgo, Morena identificó al subdirector Roberto Arceo Trujillo como presunto organizador de agresiones frente a Palacio Nacional, además de coordinar logística y transporte de golpeadores vinculados al comercio ambulante. La cercanía del funcionario con el alcalde Tabe, señalaron legisladores, debe ser investigada.

Otro elemento presentado fue la supuesta infiltración de militantes panistas en el “bloque negro”, entre ellos Alberto González Mancilla, quien según Morena ha sido capacitador electoral del PAN y colaborador del equipo de Andrés Atayde. A esto se suma la acusación contra influencers contratados para promover desinformación y legitimar actos violentos en redes sociales.

Desde tribuna, Xóchitl Bravo sostuvo que “la derecha es enemiga de la juventud” y acusó al PAN de intentar apropiarse del movimiento Generación Z mediante provocación y manipulación digital. Morena advirtió que no permitirá que recursos públicos se utilicen para financiar violencia política y reiteró que impulsará juicio político contra cualquier alcalde o funcionario responsable.

El grupo parlamentario aseguró que continuará impulsando acciones para garantizar la paz social, fortalecer las instituciones y evitar que la confrontación política ponga en riesgo a la ciudadanía.

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