Por: Gilberto Solorza
Más de 130 personas murieron, entre ellas cuatro policías, durante la “Operación Contención”, un megaoperativo policial y militar que las fuerzas de seguridad realizaron a finales de octubre en las favelas de Alemão y Penha. Más de 2,500 agentes, apoyados por helicópteros, drones y vehículos blindados, participaron en la ofensiva para desarticular al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil y Sudamérica.
El gobierno estatal presentó la operación como un golpe “exitoso” contra el narcotráfico, pero el saldo humano la convirtió en la más letal en la historia de Río de Janeiro, provocando indignación nacional e internacional y una ola de críticas contra la violencia policial en el país.
Entre el combate al crimen y las denuncias de ejecuciones
El operativo surgió tras 18 meses de investigaciones y 60 días de planificación, con el objetivo de capturar a los principales líderes del Comando Vermelho y frenar su expansión territorial. Durante la acción, las fuerzas de seguridad ejecutaron 180 órdenes de arresto y más de 100 solicitudes de prisión, cubriendo una extensión de nueve millones de metros cuadrados. En respuesta, los criminales lanzaron ataques con drones cargados de explosivos, incendiaron vehículos y provocaron tiroteos que paralizaron escuelas, centros de salud y el transporte público.
El saldo final dejó 132 muertos y más de 100 heridos, entre policías, civiles y presuntos delincuentes. Aunque el gobierno estatal aseguró que todas las víctimas formaban parte del crimen organizado, vecinos y defensores de derechos humanos denunciaron ejecuciones extrajudiciales. Testimonios y fotografías muestran cuerpos con tiros en la nuca y manos atadas, señales de posibles fusilamientos. Por su parte, la Defensoría Pública reportó más víctimas que la policía y acompaña las búsquedas de cadáveres en la zona afectada.
Además, las autoridades lograron capturar a Thiago do Nascimento Mendes (“Belão do Quitungo”), líder regional del grupo, y a Nicolás Fernandes Soares, operador financiero del prófugo Edgar Alves Andrade (“Doca da Penha”), considerado el número dos de la organización. Doca escapó del operativo, y su huida alimentó las críticas sobre el uso excesivo de la fuerza frente a resultados limitados.
Por otra parte, el Comando Vermelho, nacido en las cárceles de los años 70, domina cerca del 90 % de las favelas cariocas y mantiene un control armado basado en el narcotráfico, la extorsión y los secuestros. Su estructura militarizada y su acceso a tecnología avanzada sostienen su poder en la región. Sin embargo, las denuncias de abusos durante la “Operación Contención” reavivaron el debate sobre el límite entre la seguridad pública y la brutalidad estatal.
Reacciones políticas y presión internacional
El gobernador Cláudio Castro defendió la operación y la calificó como un “éxito” en la lucha contra el crimen. En contraste, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo sentirse “horrorizado” por la cantidad de muertos y pidió una estrategia de seguridad “sin costo humano excesivo”. A raíz de la masacre, la Fiscalía anunció investigaciones, mientras el Tribunal Supremo exigió explicaciones al gobernador, con una audiencia programada para el 3 de noviembre.
Asimismo, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, impulsó la creación de un foro de emergencia para coordinar acciones federales y estatales frente a la crisis de violencia en Río, que ocurre mientras la ciudad se prepara para la COP30. En paralelo, la ONU y varias organizaciones internacionales reclamaron una investigación independiente y una reforma estructural de la policía brasileña, que acumula un largo historial de abusos y uso desmedido de la fuerza.
De igual forma, diversos analistas señalaron una fractura entre el poder federal y los gobiernos estatales, marcada por el contraste entre la política de “mano dura” de Río y la postura más conciliadora del presidente Lula. Algunos interpretan la “Operación Contención” como un mensaje político, además de una acción de seguridad, en una ciudad atrapada entre el miedo, la impunidad y la desesperación por recuperar el control de sus barrios más pobres.
En consecuencia, la “Operación Contención” deja un resultado ambiguo: un golpe visible al narcotráfico, pero también una herida profunda en la confianza hacia las instituciones. Río vuelve a mostrar el dilema brasileño: la línea cada vez más delgada entre la seguridad pública y la barbarie de Estado.
