Por: Gilberto Solorza

El coronel Michael Randrianirina, jefe de la unidad militar de élite CAPSAT, anunció que su grupo tomó el control del país tras semanas de protestas masivas lideradas por jóvenes contra el presidente Andry Rajoelina.

El golpe de Estado, ocurrido el 14 de octubre de 2025, marcó un giro decisivo en la crisis política que sacude Madagascar desde septiembre. Randrianirina afirmó que asumirá como presidente interino y que convocará elecciones en un plazo de entre 18 meses y dos años, después de suspender las principales instituciones democráticas, incluida la comisión electoral.

La juventud como motor del cambio

Las manifestaciones del movimiento Gen Z Madagascar surgieron por el hartazgo ante la corrupción, la pobreza extrema y la falta de servicios básicos como agua y electricidad. La detención de dos políticos locales el 19 de septiembre, tras organizar una protesta pacífica, desató un rechazo generalizado al gobierno. Las movilizaciones se extendieron a otras ocho ciudades y provocaron enfrentamientos con la policía que, según la ONU, dejaron al menos 22 muertos y más de 100 heridos.

La participación juvenil resultó determinante. Miles de jóvenes, organizados mediante redes sociales y asociaciones civiles, mantuvieron protestas diarias en la capital y paralizaron sectores clave como el transporte, la educación y parte de la administración pública. Este movimiento, sin liderazgo formal pero con un fuerte sentido generacional, exigió transparencia, oportunidades laborales y una ruptura definitiva con las estructuras políticas tradicionales que dominan Madagascar desde su independencia.

El descontento social aumentó junto con el deterioro económico y ambiental. En el sur del país, las sequías crónicas y las tormentas destruyeron cultivos y medios de vida, mientras los proyectos gubernamentales para fortalecer la resiliencia climática avanzaban con lentitud. La percepción de un gobierno desconectado y las denuncias de corrupción en la empresa estatal de electricidad Jirama terminaron por agotar la legitimidad del presidente Rajoelina.

La crisis también reflejó una profunda fractura entre las élites políticas y la ciudadanía. Mientras el gobierno buscaba apoyo internacional y proyectaba estabilidad macroeconómica, la población enfrentaba inflación, desempleo juvenil y carencias básicas. Las ciudades del interior se unieron al movimiento con demandas de equidad regional y descentralización del poder, reclamando que los recursos naturales y las inversiones públicas beneficien a todas las provincias y no solo a la capital.

Intervención extranjera y ecos del pasado colonial

Rajoelina, quien llegó al poder en 2009 mediante otro golpe de Estado, fue una figura admirada por la juventud malgache, pero perdió apoyo con los años. Tras un intento de asesinato que denunció en septiembre, aseguró estar a salvo y negó haber sido depuesto. Sin embargo, reportes no confirmados indican que abandonó el país a bordo de un avión militar francés, en medio de la suspensión de Madagascar de la Unión Africana.

La alta corte constitucional respaldó el golpe ante la ausencia del presidente, y gran parte de la población urbana, sobre todo los jóvenes, expresó apoyo a los militares. Estos justificaron su acción al negarse a reprimir con violencia a los manifestantes y ante la deserción de aliados políticos y militares de Rajoelina, a quien muchos sectores populares consideraban un “peón de Francia”.

La participación francesa en la crisis generó debate. París habría facilitado la salida del mandatario, mientras el presidente Emmanuel Macron pidió respeto al Estado de derecho y a los derechos fundamentales. La embajada francesa alertó sobre la inestabilidad en la isla y recomendó precaución a sus nacionales. Sin embargo, la intervención francesa despertó recelo entre la población, marcada por un largo pasado colonial.

Organismos internacionales como la Unión Africana y las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el rumbo de Madagascar, y exhortaron al nuevo liderazgo militar a restaurar el orden constitucional y garantizar una transición pacífica. Diversas organizaciones humanitarias también advirtieron que la crisis política podría agravar la pobreza y la inseguridad alimentaria en una de las naciones más vulnerables del continente.