Por: Gilberto Solorza

Ayer por la tarde se vivieron momentos de tensión en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde una protesta estudiantil pacífica escaló a un conflicto por el cierre de accesos, denuncias de obstrucción y acusaciones de irrupción por parte de terceros.

Los protagonistas son estudiantes, personal administrativo y, según afirma la dirección del plantel, personas ajenas que buscaban tomar el edificio.

El origen de la protesta fue una convocatoria hecha para las 14:00 horas, cuando integrantes del cuerpo estudiantil comenzaron a pegar pancartas contra la medida de credencialización como requisito de seguridad, la cual acusan de vulnerar derechos. Dos horas después, se reunió una asamblea en la que se pretendía ejercer la participación democrática del estudiantado. Pero al hacerlo se toparon con las puertas cerradas: primero la entrada hacia las islas, luego la puerta principal —ordenada, según denuncian los estudiantes, por la dirección de la facultad.

Durante ese lapso, llegaron tres patrullas de seguridad universitaria. Mientras los alumnos realizaban sus actividades, personal administrativo grabó sus rostros y contribuyó al cerro de puertas. Al grado de que, aseguran los manifestantes, en algunos momentos ambas puertas permanecieron totalmente cerradas, impidiendo la salida o entrada de quienes estaban dentro. Ante esta situación, estudiantes de las facultades de Filosofía y Economía —edificios contiguos a Derecho— acudieron para exigir la apertura. En ese contexto, los de Filosofía leyeron un pliego petitorio en solidaridad.

La tensión escaló cuando el personal administrativo, docente y de seguridad bloqueó el paso y negó dialogar. Los estudiantes solicitaron que fundamentaran su decisión, pero “de manera autoritaria” se rehusaron a dar explicaciones, según el comunicado difundido por quienes llaman a la protesta.

A ese episodio se suma que la dirección del plantel ha difundido una narrativa distinta a la de los manifestantes: acusa que hubo intento de toma de instalaciones y que personas externas, incluidos supuestos estudiantes de Economía y Filosofía, buscaban ocupar el edificio por la fuerza. Los manifestantes rechazan esas versiones “completa y absolutamente” y deslindan cualquier pretensión de fuerza. Piden que no se criminalice la protesta pacífica.

Adicionalmente, en la tarde de ayer se realizaron nuevas votaciones para permitir que los alumnos del turno matutino y del Sistema Universitario Abierto participaran. Sin embargo, denuncian estudiantes, algunas elecciones fueron impuestas o manipuladas por la directiva, en contraposición con los acuerdos esperados por los asambleístas.

Otra fuente anónima afirmó que la negativa de la dirección a cerrar la facultad responde a intereses de imagen institucional:

“En realidad, la dirección no desea cerrar para no perder el prestigio que tienen y mantener su reputación. Prácticamente, si Derecho cierra se volvería un escándalo. En las demandas sólo están estos dos puntos: mejorar los servicios de salud mental de la fac y de seguridad, nada relacionado con dirección.”

Este conflicto urbano-madrugador ocurrió en medio de un trasfondo de amenazas recientes de atentados dirigidos a estudiantes en diversos planteles de la UNAM, lo que ha tensado la percepción de inseguridad generalizada en campus. Ante el creciente descontento, la administración de Derecho decidió empezar con clases en línea, supuestamente para ajustar medidas de seguridad —una decisión que, según las fuentes estudiantiles, nunca se concretó.

Uno de los estudiantes que aceptó identificarse como Manuel García advirtió que la administración universitaria se ha involucrado con grupos estudiantiles o “fraternidades universitarias” para influir en procesos internos:

“Lo que hace la administración […] es involucrarse y meterse en los grupos estudiantiles y las ‘fraternidades universitarias’ […] y al tener cierto tipo de control de estos grupos de alumnos, pueden legitimar ciertos pliegos petitorios o ciertas acciones, movimientos.”

Un alumno anónimo de noveno semestre agregó que, en los días previos, se habían propuesto dos pliegos petitorios por diferentes agrupaciones, pero uno fue descartado porque “no atendía verdaderamente las problemáticas” o porque las cuentas electorales “no salían” —se hablaba de miles de votos que les generaban dudas. Según esa versión neutral, parte del movimiento de paro crecía, pero comenzó a disolverse por la intervención de “porros” desde la dirección, que buscaban evitar que los estudiantes tomaran la facultad.

Entre los señalamientos más fuertes está el de la fraternidad estudiantil Lex Imperium, acusada de fungir como instrumento político dentro de Derecho y alineada con la dirección para intervenir en votaciones. Una fuente anónima sugiere que miembros de esa fraternidad habrían participado en obstrucciones durante la protesta y que incluso hay acusaciones —sin carpeta de investigación abierta— de abusos sexuales contra algunos de sus integrantes.

“Se puede decir que [las fraternidades] son una especie de mini partido político dentro de la facultad y la mayoría, si no es que todas, están al servicio de la facultad y de la dirección. Y como muchas de estas personas están interesadas en obtener algún puesto o favoritismo por parte de dirección, muchos de ellos realizan este tipo de acciones [intento de desestabilización de la asamblea y posible participación del encierro]”, afirmó el estudiante anónimo.

Asimismo, se ha señalado una presunta relación entre la directora de la Facultad de Derecho, Sonia Venegas, y la fraternidad Lex Imperium, pues diversas fuentes sostienen que tanto ella como otros miembros del equipo directivo habrían enviado a integrantes de esa agrupación a desestabilizar las votaciones a favor del paro. Aunque dichas versiones no han sido confirmadas oficialmente, los señalamientos han intensificado la desconfianza entre los estudiantes y las autoridades.

Por su lado, la dirección del plantel emitió un pronunciamiento público en la noche —tras el cierre de puertas— argumentando que hubo ingreso de supuestas “personas ajenas” que intentaron vulnerar la seguridad, lo que motivó el cierre total de accesos. Condenó los hechos de violencia y aseguró que emprenderá acciones legales para asegurar la integridad de la comunidad universitaria.