Por: Gilberto Solorza
El gobierno de Estados Unidos suspendió sus operaciones desde este martes, después de que el Congreso no aprobara un acuerdo presupuestario antes del 30 de septiembre.
La falta de consenso entre republicanos y demócratas sobre créditos fiscales del seguro médico de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y sobre recortes a programas como Medicaid provocó el cierre, que afecta a cientos de miles de empleados públicos.
Aproximadamente 750,000 a 800,000 trabajadores federales recibieron la orden de quedarse en casa sin goce de sueldo, mientras que personal esencial mantiene sus labores sin cobrar hasta nuevo aviso. Agencias de salud como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud ya enfrentan interrupciones, y la tensión se extiende a sectores como la seguridad nacional, el transporte aéreo y los servicios públicos.
El presidente Donald Trump responsabilizó a los demócratas del colapso presupuestario, mientras que la oposición lo acusa de utilizar la crisis como herramienta de presión política. Trump además advirtió que no solo mantendrá los recortes a beneficios sociales, sino que podría despedir personal federal si la parálisis se prolonga. El ambiente político en Washington se ha vuelto más hostil, con cada bando atrincherado en sus posturas.
Servicios limitados y vida cotidiana en pausa
La falta de presupuesto golpea directamente a la vida diaria. Programas de asistencia alimentaria y algunos beneficios de la Seguridad Social y Medicaid registran retrasos, mientras que oficinas regionales del Departamento de Asuntos de Veteranos cerraron y frenaron servicios como la instalación de lápidas permanentes en cementerios militares. Muchos parques nacionales bajaron cortinas o restringieron acceso, y el IRS prepara recortes en funciones si el cierre se alarga.
Aunque sectores críticos como las fuerzas armadas, el FBI, la CIA, el control de tráfico aéreo y la TSA mantienen operaciones, lo hacen sin salario para su personal hasta que llegue un acuerdo. El sistema judicial federal también encendió las alarmas al señalar que sus fondos podrían agotarse en pocos días. La Administración del Seguro Social aún distribuye pagos obligatorios, pero lo hace con menos personal y sin campañas de atención al público.
Este escenario de parálisis presupuestaria se ha convertido en una especie de “frontera invisible” para millones de estadounidenses: los servicios que el Congreso considera vitales se sostienen, mientras que trámites, apoyos y beneficios que influyen en la vida cotidiana se detienen sin certeza de cuándo regresarán. La incertidumbre se multiplica para las familias que dependen de un cheque federal, al tiempo que crece la presión en los mercados financieros.
Polarización y consecuencias económicas
El cierre no tiene un plazo definido. La reapertura depende de un acuerdo político que hoy parece lejano. En experiencias anteriores, los paros se resolvieron en días o semanas, pero esta vez agencias y sindicatos ya elaboran planes para soportar una crisis prolongada. El fantasma de despidos permanentes preocupa especialmente a los trabajadores federales, que enfrentan la doble amenaza de la falta de pago inmediato y la posible pérdida de sus empleos.
La situación refleja el alto nivel de polarización que domina la política estadounidense en 2025. La incapacidad de alcanzar consensos básicos erosiona la confianza en las instituciones y debilita la imagen del país en el escenario internacional. Lo que comenzó como una batalla presupuestaria se transformó en un pulso sobre el futuro del Estado de bienestar y el tamaño del gobierno federal.
Si la crisis se prolonga, Estados Unidos no solo enfrentará un impacto económico considerable, sino también un daño profundo a la credibilidad de su sistema democrático. Para millones de familias, la parálisis ya se traduce en cuentas impagables, empleos en riesgo y un clima de incertidumbre que pone en entredicho la estabilidad de la nación más poderosa del mundo.
