El senador de Morena y coordinador de la bancada en la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández, reconoció la existencia de expedientes en la Fiscalía General de la República (FGR) que lo vinculan con presunto tráfico ilegal de combustible.
Aunque admitió su aparición en dichas investigaciones, aseguró que la información es reservada y que su difusión constituye una falta legal.
El caso tomó relevancia tras la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la gestión de López como gobernador. Bermúdez enfrenta prisión preventiva en el penal del Altiplano, acusado de encabezar “La Barredora”, brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sureste. Filtraciones atribuidas al colectivo Guacamaya revelan que sus presuntos vínculos criminales existían desde antes de ocupar el cargo.
En medio de la polémica, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, denunció a López ante agencias estadounidenses como el FBI, la DEA y el Departamento del Tesoro. Lo acusó de liderar una red internacional de robo de hidrocarburos, lavado de dinero y fraude fiscal. Según las denuncias, el crudo robado en México era procesado en EE.UU. y reintroducido al mercado como producto legal mediante empresas fachada.
La confrontación escaló al Senado, donde Moreno exigió que López solicite licencia a su escaño para enfrentar los señalamientos. En paralelo, el gobierno de Tabasco reservó por cinco años las declaraciones patrimoniales de Bermúdez Requena, lo que alimentó críticas sobre opacidad institucional.
El caso refleja la creciente judicialización de la política en México y revive cuestionamientos sobre la relación entre actores políticos y el crimen organizado. Morena cerró filas en defensa de López, mientras el PRI intensifica la ofensiva en tribunales y foros internacionales.
