El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la minuta que reforma el inciso A) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, con lo que se otorgan facultades al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de extorsión.
La medida busca cerrar los vacíos legales que hoy permiten a grupos criminales operar entre entidades aprovechando diferencias normativas.
Al razonar su voto, el legislador Alejandro Carbajal González (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación) explicó que la reforma impedirá que las redes delictivas sigan moviéndose de un territorio a otro con ventaja jurídica. A su vez, la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) subrayó la necesidad de fortalecer también el salario mínimo profesional de policías, ya que la extorsión es una herramienta de control del crimen organizado que mantiene la impunidad.
Por su parte, el diputado Ernesto Villarreal Cantú (PT) calificó la extorsión como “el tributo de la delincuencia organizada” que impone miedo y quiebra negocios, recordando que, según el INEGI, 9.7 de cada 10 casos no se denuncian. Desde el PVEM, la legisladora Rebeca Peralta León señaló que los principales afectados son los comerciantes, por lo que calificó la reforma como un esfuerzo constitucional para combatir el problema de raíz.
En su intervención, la congresista Lizzette Salgado Viramontes (PAN) citó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que señala que el 71.1% de los casos en la capital no se denuncian, en muchos casos por desconfianza en las autoridades.
Finalmente, la diputada Martha Ávila (MORENA) destacó que el proyecto contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Subrayó que la reforma permitirá homologar la legislación, establecer bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno y fortalecer la protección de las víctimas, avanzando hacia un modelo nacional para prevenir, investigar y sancionar la extorsión.
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