El diputado federal Rubén Moreira Valdez condenó la aprobación de la llamada Ley de Expropiación en Campeche y advirtió que la entidad se ha convertido en un “laboratorio” de Morena para ensayar disposiciones que atentan contra derechos fundamentales como la propiedad privada y la libertad de expresión.

En su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, acompañado del economista Mario Di Costanzo y el abogado Miguel Ángel Sulub, Moreira criticó que el Congreso local aprobara en menos de una semana un dictamen que elimina los mecanismos legales de defensa de los ciudadanos frente a una declaratoria de utilidad pública. Señaló que la nueva legislación faculta a la Secretaría de Finanzas a fijar el monto de las indemnizaciones, designando peritos bajo su propio criterio.

“Con esta ley no habrá recurso legal alguno para oponerse a una expropiación. Es un atropello que pone en riesgo la seguridad jurídica de las familias y desalienta cualquier inversión en Campeche”, subrayó el coordinador parlamentario.

El legislador acusó que la normativa también constituye un instrumento de persecución política contra los opositores, en un contexto de creciente hostigamiento a medios críticos. Recordó casos recientes, como el del periodista Jorge González Valdez, del diario Tribuna, a quien se le prohibió mencionar a la gobernadora Layda Sansores y se le impuso un censor para validar sus notas; así como resoluciones del Tribunal Electoral estatal que obligaron a comunicadores a ofrecer disculpas públicas.

En su intervención, el abogado Sulub explicó que la reforma elimina un artículo que permitía a los propietarios incrementar el valor de sus bienes mediante mejoras y defender su posición con un juicio pericial. Ahora, únicamente aplicará el valor comercial de la última transacción más la inflación. Por su parte, Di Costanzo advirtió que Campeche no merece convertirse en un laboratorio de autoritarismo y que la llamada “Ley de Despojo” representa una amenaza tanto para la seguridad de la ciudadanía como para la estabilidad económica.

En materia de seguridad, Moreira reprochó la falta de resultados del gobierno estatal, al precisar que de cada 100 homicidios dolosos registrados en lo que va del año, 70 corresponden a ejecuciones, un fenómeno sin precedentes. Aseguró que estos datos han incomodado a la mandataria, quien incluso pidió que no se difundieran durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad.