El diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, la diputada local Reyna Tamayo y la senadora Mayuli Martínez, integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron una denuncia penal contra Javier May Rodríguez, director general de FONATUR, por su intervención en la adjudicación y construcción del Tramo 3 del Tren Maya, donde ocurrió el reciente descarrilamiento en Izamal, Yucatán.


Los legisladores advirtieron que el incidente en la estación de Izamal, correspondiente a la ruta Mérida-Cancún, puso en riesgo la vida de pasajeros, al tiempo que evidenció presuntas irregularidades en el proceso de construcción y supervisión de la obra.
Ernesto Sánchez aseguró que existen indicios de corrupción, señalando que contratos fueron asignados a cercanos a los hijos del expresidente López Obrador, además de deficiencias en la calidad de materiales empleados. Subrayó que este manejo inadecuado representa un saqueo al erario y una negligencia en la supervisión.
Entre las irregularidades destacan los contratos TM-TRAMO3/20-OI-03 y PTM-TRAMO3/23-OI-04, que habrían derivado en sobrecostos superiores a 155 millones de pesos, configurando delitos como uso ilícito de atribuciones y administración fraudulenta en contratos públicos, según lo previsto en el Código Penal Federal.
La Auditoría Superior de la Federación también detectó pagos indebidos por más de 10 millones de pesos en cercado perimetral no colocado o sobrevaluado, así como diferencias en estructuras metálicas y errores en cálculos financieros. Estas fallas, señalaron, no son solo contables, sino que incidieron directamente en la calidad y seguridad de la obra.
Los panistas responsabilizaron a los titulares sucesivos de FONATUR —Rogelio Jiménez Pons, Javier May Rodríguez, Lyndia Quiroz Zavala y Sebastián Ramírez Mendoza—, además de la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., por omisiones que derivaron en fallas estructurales y operativas.
Finalmente, recordaron que el proyecto acumula pérdidas operativas por más de 5,807 millones de pesos entre diciembre de 2023 y junio de 2025, con un subsidio diario de 12 millones de pesos. Esto implica que, por cada peso recaudado, el Gobierno Federal destinó 108 pesos en subsidios, lo que revela, afirmaron, “no sólo deficiencias técnicas, sino también inviabilidad económica estructural”.