Por: Fernando Dávila

En México, 6 de cada 10 ciudadanos consideran excesivas las sanciones por violencia política de género. Aunque más del 65% afirmó conocer y poder explicar el término, también señalaron que estas medidas pueden limitar la libertad crítica hacia las mujeres en cargos públicos.

Una encuesta nacional de Arias Consultores, aplicada a 18,825 mexicanos, reveló que el 69.53% conoce el término, el 25.09% lo ha escuchado sin entenderlo y el 5.38% negó conocerlo.

La población relaciona la violencia política de género con agredir, insultar o desacreditar a una mujer en la política (73.74%), mientras que menos del 10% considera que criticar públicamente su trabajo constituye violencia.

Casos específicos

Para ejemplificar el concepto, los encuestados analizaron cuatro casos reales de la política mexicana relacionados con mujeres en cargos públicos:

En Campeche, la gobernadora acusó a diputadas del PRI de enviar fotos íntimas a su dirigente a cambio de candidaturas. El 53.83% de los encuestados consideró que sí hubo violencia política de género.

En el caso de la diputada Diana Karina Barreras, una ciudadana recibió 30 días de disculpas públicas por subir un tuit crítico hacia ella. La percepción fue distinta: 49.49% opinó que no constituyó violencia política de género.

Finalmente, tras el huracán Otis en Acapulco, un ciudadano recibió sanciones por criticar en redes sociales a la alcaldesa. En este caso, 59.14% de los encuestados no consideró que constituyera violencia política de género.

La encuesta, realizada entre el 30 de julio y el 12 de agosto de 2025, muestra una tendencia clara en los casos polémicos: la mayoría de los entrevistados no considera violencia hacia las mujeres en la política. Aunque aceptan que existan sanciones, las perciben como excesivas.

Este panorama genera un debate entre los mexicanos: ¿hasta qué punto las sanciones por violencia política de género protegen a las mujeres y en qué momento limitan la libertad de opinar sobre su desempeño político?