Por: Gilberto Solorza
El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que Israel ocupará toda la Franja de Gaza, incluida la Ciudad de Gaza, con el objetivo de desmantelar a Hamás y eliminar su capacidad operativa.
El gabinete de seguridad aprobó esta decisión como parte de un plan de cinco fases que contempla, además de la ofensiva militar, el traspaso del control del territorio a una administración civil alternativa que no esté vinculada ni a Hamás ni a la Autoridad Palestina.
La estrategia implica una ocupación militar total del enclave palestino, así como la asunción directa del control de seguridad y el desarme de las milicias armadas. Actualmente, las fuerzas israelíes ya controlan cerca del 75 % del territorio gazatí y avanzan hacia una ocupación completa, lo que podría forzar el desplazamiento de aproximadamente un millón de personas hacia el sur del enclave.
El gobierno prometió asistencia humanitaria fuera de las zonas de combate, aunque la ofensiva ya ha agravado una crisis humanitaria de por sí devastadora.
División en el gobierno y críticas globales
La decisión ha provocado fuertes divisiones dentro del gobierno israelí y entre los altos mandos militares. Mientras el ala más radical del Ejecutivo exige avanzar sin restricciones, varios ministros y comandantes se oponen debido a los riesgos para los rehenes que aún se encuentran en poder de Hamás, el agotamiento de las tropas y las consecuencias humanitarias. Netanyahu dejó claro que las Fuerzas de Defensa de Israel deben obedecer las órdenes del gobierno o presentar su renuncia.
Organismos internacionales, incluida la ONU, y países como Rusia y Turquía han condenado el plan. Acusan a Israel de violar resoluciones internacionales y advierten que la operación solo agravará el sufrimiento civil y profundizará la inestabilidad en la región. La medida amenaza con aislar aún más a Israel en el escenario diplomático y dañar sus relaciones con aliados clave.
Una salida política aún incierta
Netanyahu sostiene que Israel no pretende gobernar Gaza de manera permanente. Según su planteamiento, tras la ocupación y el desmantelamiento de Hamás, el control pasará a una autoridad civil árabe que garantice la seguridad y la libertad de la población, sin representar una amenaza para Israel. Sin embargo, el gobierno no ha definido quién podría asumir esa responsabilidad ni si contaría con aceptación por parte del pueblo palestino.
Analistas advierten que la operación podría convertirse en una ocupación prolongada, sin un objetivo político claro y con un elevado costo humano y económico. Líderes de la oposición señalan que este escenario solo prolongaría el conflicto y pondría en riesgo tanto a soldados como a rehenes. La ofensiva también podría intensificar los sentimientos de resentimiento y radicalización en la región, lo que comprometería cualquier posibilidad de estabilidad a largo plazo.
En el plano interno, la decisión ha aumentado la presión sobre Netanyahu, cuyo liderazgo ya enfrentaba tensiones dentro de la coalición gobernante. Las críticas por la gestión de la guerra, la situación de los rehenes y el rumbo incierto de la operación podrían agravar su desgaste político y desatar una nueva etapa de inestabilidad en el gobierno israelí.
