Reforma electoral del Bienestar

Eduardo Meraz

Por lo expuesto por el responsable del diseño de la nueva reforma electoral, Pablo Gómez, todo hace prever un salto hacia atrás, a los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría o de José López Portillo, cuando el gobierno tenía el control de los procesos electorales, con partidos satélites y una oposición prácticamente inexistente.

Así lo deja entrever, quien fuera dirigente estudiantil en 1968 y, hasta antes de su nuevo encargo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en diversas entrevistas concedidas a medios de comunicación, al esbozar una visión electoral que se aleja de los contrapesos y la pluralidad, y se acerca peligrosamente a un modelo estatista, centralizado y sin espacio para la disidencia.

Así como el cuatroteísmo está enfocado en construir un sector productivo del Bienestar en diversas esferas industriales, comerciales y de servicios. Ahora también busca un sistema político-electoral del Bienestar.

Esta paradoja se explica, en parte, por lo que podría llamarse un “síndrome de Estocolmo político” que permea en el cuatroteísmo. En esta lógica, se idealiza al captor —el viejo régimen— y se busca emular sus prácticas, justificando incluso sus excesos. En el caso de Gómez, la conexión emocional y política con el sistema que lo oprimió parece haber mutado en una fascinación por sus mecanismos de control.

De ahí, su anhelo de llevar a cabo la reformulación total del actual esquema electivo de México, con base en la existencia de una “nueva mayoría”, por lo que obligatoriamente se debe modificar la forma de la representación popular. Y aunque asegura no tener un modelo preconcebido, anticipa algunas de las pretensiones del cuatroteísmo.

La propuesta de reforma electoral que impulsa no es una simple actualización técnica. Es una reingeniería profunda que busca desmantelar el andamiaje institucional construido desde la década de los noventa, cuando México comenzó a transitar hacia una democracia más robusta. Gómez plantea eliminar el fuero constitucional, instaurar elecciones primarias para definir candidaturas, reducir el financiamiento público a partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral (INE), y redefinir la representación popular.

Desde la mentalidad “supremacista” de la 4T el PAN y el PRI son el “déficit político del país y una oposición socialmente inútil”. Por tanto, la reforma no será producto de acuerdos entre partidos, sino de la voluntad mayoritaria del oficialismo. En otras palabras, se busca imponer una visión única, sin diálogo ni consenso, pies no va a ser producto de un “conciliado de camarillas”.

Esta óptica “chicharronera” de Pablo Gómez también se va contra el árbitro y el juez electoral, casi deseando su extinción para que fuese el gobierno el único responsable de organizar, celebrar y dar los resultados de las elecciones.

Y su cree que estamos exagerando, aquí van sus dichos: La desaparición de los OPLE’s es muy obvia, nadie puede decir para qué sirven. Los tribunales de los estados no resuelven ningún asunto, todo va al Tribunal Electoral. Mejor hacemos un sistema de dos instancias. Hay 300 juntas distritales, hay que acabar con ellas.

Su propuesta es un sistema de dos instancias, más compacto, pero también más vulnerable a la injerencia política.

En cuanto al INE, Gómez afirma que su autonomía es “relativa” y que debe operar con “libertad” pero sin autonomía. Esta contradicción revela una intención clara: despojar al órgano electoral de su capacidad de actuar como contrapeso, subordinándolo a una lógica gubernamental.

En lugar de fortalecer su función jurisdiccional, se busca limitarla bajo el pretexto de eficiencia y racionalidad.

La nostalgia autoritaria que impulsa esta reforma es peligrosa. México ha avanzado mucho en las últimas décadas en la construcción de una democracia imperfecta pero funcional.

Pablo Gómez, que alguna vez fue símbolo de resistencia, corre el riesgo de convertirse en arquitecto de una restauración autoritaria. Su reforma electoral del Bienestar, lejos de representar un avance, parece diseñada para consolidar el poder, acallar la crítica y debilitar la democracia.

La esperanza para los mexicanos de ahora y de mañana está en los fracasos -uno tras otro- de los bienes y servicios del bienestar; apellido o apelativo de embrujo y maldición.

He dicho.

EFECTO DOMINÓ

Si el gobierno pretende destinar 30,000 millones de pesos a combatir el huachicol ¿de qué dimensiones es este ilícito y quiénes son sus principales beneficiarios? Esperemos que estos datos no se vayan a reservar como de seguridad nacional.