Por: Gilberto Solorza
Un avión fue derribado este jueves por el Ejército de Sudán cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Nyala, en la conflictiva región de Darfur del Sur.
La aeronave, que según las autoridades sudanesas había despegado desde una base aérea en el Golfo Pérsico, transportaba al menos 40 presuntos mercenarios colombianos y cargamentos de armas.
El ataque, ejecutado mediante una operación aérea coordinada, destruyó completamente el aparato en el momento de su aterrizaje en una zona bajo control del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), con el que el ejército mantiene una cruenta guerra desde abril de 2023.
La ofensiva fue presentada por el gobierno sudanés como un mensaje directo contra lo que denominó una creciente injerencia extranjera en el conflicto armado que desangra al país. Las autoridades responsabilizan a Emiratos Árabes Unidos por el vuelo, al considerar que la aeronave era de origen emiratí y que buscaba reforzar con combatientes extranjeros al grupo rebelde. Sin embargo, Emiratos ha negado de manera categórica cualquier implicación, calificando las acusaciones de «infundadas» y parte de una campaña de desinformación impulsada por Jartum.
Desde Bogotá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó a la embajadora en Egipto iniciar una investigación urgente para confirmar la identidad y el número de connacionales fallecidos, además de coordinar la repatriación de los cuerpos. Aunque no existe aún una cifra oficial, el número de víctimas colombianas podría ascender a unas 40 personas.
Conflictos enlazados y una región en llamas
El incidente se produce en un contexto de creciente desestabilización regional. La guerra civil sudanesa, en curso desde 2023, se ha agravado notablemente en 2025, con una escalada de enfrentamientos entre las FAR y el ejército regular, especialmente en zonas estratégicas como Darfur.
Este conflicto interno ha tenido efectos colaterales en Sudán del Sur, donde el Acuerdo de Paz Revitalizado de 2018 se encuentra al borde del colapso. Desde marzo, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) han iniciado ofensivas militares, incluyendo bombardeos aéreos sobre zonas civiles, que han dejado un saldo de muertos, desplazados y un clima de represión política cada vez más severo.
La región del Alto Nilo se ha convertido en uno de los epicentros del sufrimiento, afectada por inseguridad alimentaria extrema y convertida en vía de escape para miles de personas que huyen de la violencia. La intervención de fuerzas extranjeras, como el ejército de Uganda, y el aumento en el reclutamiento militar apuntan a un conflicto prolongado, con riesgo de fragmentación del país y una crisis humanitaria cada vez más crítica.
Los vínculos entre ambos conflictos —el sudanés y el sursudanés— refuerzan la percepción de una guerra regional en expansión, donde actores estatales y no estatales, locales y extranjeros, disputan influencia a través de milicias, mercenarios y alianzas volátiles.
La destrucción del avión en Nyala, y las denuncias cruzadas entre Sudán y Emiratos Árabes Unidos, reavivan el debate sobre el uso de combatientes privados en guerras contemporáneas, y plantean interrogantes inquietantes sobre el papel de gobiernos extranjeros en conflictos que ya han costado decenas de miles de vidas.
