Dr. Rafael Vela Martínez

La deuda nacional es el dinero que el gobierno tiene por gastar más allá de lo que recauda, e incluye tanto el capital como los intereses y, cuando es elevada, puede comprometer el presupuesto público, limitando los recursos para sectores esenciales como salud, educación e infraestructura. Se divide en:

• Deuda interna: contraída dentro del país, en pesos, con bancos o inversionistas locales, a través de la emisión de bonos, como son los CETES, o emisión de circulante.

• Deuda externa: es aquella adquirida en el extranjero, generalmente en dólares, con organismos internacionales o mercados financieros.

Al cierre de 2024, según México Evalúa (con datos oficiales) la deuda pública federal sumaba 17.4 billones de pesos (51.4% del PIB). Esto reflejó un incremento de 23% respecto a 2018, explicado casi totalmente por la deuda interna: el gobierno tomó préstamos domésticos que elevaron la deuda interna en 4.1 billones (un 45.5% más) mientras la externa bajó en unos 0.9 billones. A marzo de 2025, el 82.8 % de la deuda bruta del sector público era interna, emitida principalmente en pesos a través de instrumentos como Cetes, Bonos M y UDI bonos; la diferencia porcentual es deuda externa Es importante señalar que la deuda neta del gobierno ascendía al 49.7 % del PIB al cierre de la gestión de López Obrador.

Es necesario precisar que el incremento de la deuda interna incide directamente en la disponibilidad de recursos para ser invertidos en el desarrollo del país, pero a su vez, tiene un efecto negativo en la inversión privada (efecto crowding out). Actualmente el costo financiero de la deuda total —intereses y amortización— representa cerca del 3.8 % del Producto Interno Bruto (PIB).

En lo que corresponde a la deuda externa, es importante mencionar que las variaciones al alza en el tipo de cambio (pagar más pesos por cada dólar) crea vulnerabilidad: si el peso se deprecia, la deuda en moneda extranjera crece en pesos; al respecto, aproximadamente 80 % de la deuda de Pemex está en dólares, amplificando el riesgo y atrapando a la subsidiaria estatal en una doble presión. Ahora bien, es de señalarse que, a nivel nacional, existen graves restricciones presupuestarias, ya que gran parte de los recursos se destinan a gastos corrientes o transferencias sociales, no a inversión productiva.

De hecho, las proyectivas de cero crecimiento económico para nuestro país en 2025, tienen que ver con el excesivo endeudamiento interno nacional, ya que está propiciando un alto margen en tasas de interés (actualmente es del 8% la tasa de interés referencial) y, en consecuencia, tiende a frenar el crédito privado; en su caso, los ajustes externos que está implementando el presidente Donald Trump, en cuanto a elevar los aranceles del intercambio comercial con E.U, está desacelerando el crecimiento económico y encareciendo el financiamiento, por ello es que aun cuando la recaudación fiscal nacional alcanzó un máximo histórico (14.6 % del PIB en 2024), aún resulta insuficiente para reducir el déficit estructural.

En el contexto de este escenario de endeudamiento nacional y su tendencia creciente, es muy importante conocer sus impactos en sectores claves a nivel regional, como sería para el caso de la entidad veracruzana. De hecho, desde el 2020 el recorte del gasto público federal y estatal, producto de las presiones derivadas del pago del servicio de la deuda y de la implementación de programas asistenciales, se tradujeron en déficits en infraestructura hospitalaria, particularmente en zonas rurales y serranas, donde los centros de salud carecen de médicos, medicamentos y equipos básicos; de igual forma, la reducción del personal de salud y subejercicio en programas de prevención, incidió directamente en la detección y seguimiento de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, que tienen alta incidencia en el estado.

De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas del Estado de Veracruz 2024, se observa que el gasto real en salud cayó un 6.3 % respecto al año anterior, en términos reales, mientras que el pago de deuda estatal se incrementó un 11 %, pues esta siguió creciendo durante el sexenio de Cuitláhuac García; de esta forma, el incremento en las deudas estatal y nacional tendió a impactar negativamente en el desarrollo de Veracruz.

Por su parte, sector educativo, tradicionalmente uno de los más golpeados por los recortes presupuestales, enfrenta reducción de recursos para mantenimiento de escuelas, sobre todo en localidades indígenas y rurales; sobre el particular, hay que señalar que Veracruz, que cuenta con más de 23 mil planteles de educación básica, enfrenta una tasa de rezago educativo del 17.4 % (INEGI 2020), y los recortes en inversión educativa dificultan revertir esta situación. En 2024, el gasto federalizado en educación para Veracruz disminuyó en términos reales un 2.1 %, mientras que los pasivos de corto plazo del estado aumentaron. Asimismo, la Universidad Veracruzana (UV) que durante el sexenio de Cuitláhuac García registró sub financiamiento crónico, a lo que se sumó el subejercicio de Martín Aguilar de alrededor de 2 mil millones de pesos anuales, tuvo un efecto en la reducción de la matrícula, la investigación y la vinculación con sectores productivos, lo que en su conjunto, presenta un escenario adverso para la educación y el desarrollo del estado para este 2025 y años subsecuentes.

Finalmente, es importante subrayar que de los proyectos de infraestructura aprobados para 2024, sólo un 11 % estaban destinados a entidades federativas con mayor rezago social, entre ellas Veracruz. La Red Estatal de Caminos Rurales se encuentra en mal estado en más del 40 % de su extensión, afectando la movilidad, el acceso a mercados y los servicios públicos, lo cual no genera capital físico ni aumentan la productividad regional. Esta situación se debe en parte a que el 14.7 % del presupuesto federal se destina al servicio de la deuda pública, y cada punto adicional que se destina a pago de intereses es un punto menos que puede ir a obra pública. Así el escenario para Veracruz.