Es Donald J. Trump
Estilo: Donald Trump desafía el Estado de derecho al abolir la ciudadanía por nacimiento, expulsar a los migrantes para que sean encarcelados en El Salvador, atacar a jueces y presionar a firmas de abogados: al iniciar su segundo mandato.
Pone a prueba el Estado de derecho en Estados Unidos, (EU). En sus primeros 100 días en la Casa Blanca, pareciera empujar a EU hacia una crisis constitucional, con altos funcionarios de su administración solicitando directamente que se ignoren los fallos judiciales. La situación llegó al punto de que James Boasberg, un juez federal en Washington concluyó que el gobierno “ignoró deliberadamente” el 15 de marzo su prohibición de expulsar inmigrantes, en su mayoría venezolanos, a El Salvador bajo una ley de emergencia de finales del siglo XVIII.
Boasberg concluyó que hay una presunción de “desacato al tribunal”. “Nunca conocí algo así por parte del Departamento de Justicia, ni siquiera de los abogados que ejercen en tribunales federales”, dijo a la cadena CNN el juez federal John Jones. Este magistrado, nombrado por el expresidente republicano George W. Bush, dijo que es “impresionante la falta de respeto” hacia los jueces, por parte de Trump. La pregunta es hasta qué punto pueden intervenir los jueces en asuntos de política nacional. Cuando los tribunales explican que solo están ejerciendo su función de control y equilibrio, Trump replica que los jueces de izquierda están abusando de su autoridad al interferir en sus planes.
“Tengo un equipo fantástico que hace un trabajo increíble, pero se ven frenados a cada paso, incluso por la Corte Suprema”, criticó el lunes en su red Truth Social. En mayo, la Corte Suprema celebrará una audiencia sobre la orden ejecutiva de Trump para revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento, una medida que fue suspendida a nivel nacional por varios tribunales. Por petición de la administración, la audiencia se enfocará hacia un tribunal federal que puede emitir fallos que bloqueen la política del poder ejecutivo a nivel nacional.
Curso republicano: En los tres meses que lleva en la Casa Blanca, Trump y su gobierno acumulan 190 causas judiciales, algunas ya en manos de la Corte Suprema, controlada por magistrados conservadores. En nombre de los tres magistrados progresistas de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor expresó “su alarma por la posición del gobierno de que, incluso cuando comete un error, no puede traer de vuelta a las personas que envió a prisión en El Salvador”.
Según esta lógica, “no sólo los extranjeros, sino también los ciudadanos estadounidenses, podrían ser detenidos en la calle, trasladados a aviones y encarcelados en prisiones extranjeras sin posibilidad de apelación”, subrayó. “La historia no es ajena a este tipo de regímenes sin ley, pero el sistema de leyes de esta nación está diseñado para prevenir, no para facilitar, su ascenso”, agregó. Durante la visita a la Casa Blanca el pasado 14 de abril del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, Trump le comunicó su interés en enviar a El Salvador a ciudadanos estadounidenses.
Afirmó que solicitó a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, que estudiara la viabilidad jurídica de esta posibilidad, considerada totalmente inconstitucional por los expertos. El historiador Timothy Snyder vio en este encuentro “el comienzo de una política estadounidense de terrorismo de Estado que debe ser identificada como tal”. “Por horrible que sea todo esto, en esencia no deja de ser terrorismo de Estado, una prueba para ver cómo reaccionarán los estadounidenses”, escribió en su blog, e instó a los ciudadanos a movilizarse en contra y pedir su rechazo.
Trump también presiona a firmas de abogados vinculados a sus opositores políticos o a fiscales que lo investigaron en el pasado. Mediante una orden ejecutiva, retiró las autorizaciones para acceder a información protegida a defensores de algunas firmas, restringió su acceso a edificios federales, así como el contacto con funcionarios del gobierno, y rescindió contratos de la Casa Blanca con algunos bufetes. Varios despachos de abogados llevan sus casos a los tribunales, pero otros optaron por aceptar las nuevas condiciones a cambio de llevar servicios legales en causas afines a Trump.
