Por: Angélica Armenta

El presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, reconoció que el municipio enfrenta un pasivo laboral sin precedentes, con deudas que superan los dos mil 500 millones de pesos, producto —afirma— de una «mafia del derecho laboral» que operó en administraciones anteriores.

“Sigo sosteniendo que Izcalli es el municipio con el mayor pasivo laboral derivado de corrupción”, declaró.

Un caso emblemático

Detalló un caso donde el litigio inicial era por un millón de pesos, pero debido a incumplimientos y procesos legales, la cifra se incrementó a cinco millones. La falta de cumplimiento de un convenio de pago activó medidas de amparo, lo que derivó en el congelamiento de cuentas.

“Fue el incumplimiento de la administración anterior lo que activó esa demanda. Aunque la actora es una mujer, el actor principal era su esposo, que en paz descanse. Al fallecer, ella quedó como beneficiaria”, explicó.

Falta de control y opacidad

El edil señaló que muchas de las demandas laborales crecieron por negligencia de áreas jurídicas del ayuntamiento. Incluso, comentó que hubo casos en los que trabajadores pidieron se les pagara como si hubieran estado ganado supuestamente hasta 30 mil pesos diarios, montos que no pudieron ser refutados por la autoridad municipal, lo que concluyó en laudos favorables a los exempleados.

“Cuando la autoridad no puede desvirtuar el dicho del trabajador, el asunto termina en un laudo. ¿Qué es un laudo? Es una sentencia en materia laboral”, explicó.

El edil afirmó que la raíz del problema está en la corrupción, con abogados que incluso representaban simultáneamente a la administración y a trabajadores en diversos juicios.

Detalló que hay más de dos mil asuntos laborales activos, y en materia de créditos fiscales, otros dos mil 300 casos en proceso. En total, los adeudos superan los 800 millones de pesos entre el organismo de agua y el Ayuntamiento y 450 millones en el DIF.

Riesgos financieros y propuestas legales

A pesar de los esfuerzos actuales por convenir pagos y reducir el impacto financiero, el alcalde reconoció que no hay presupuesto suficiente para enfrentar la totalidad del pasivo. El riesgo sigue latente.

“No se puede presupuestar dos mil 500 millones para pagar laudos. Es imposible.”

“Los recursos no salen de otro lado, salen de lo mismo que usamos para dar servicios a la ciudadanía”, señaló.

Explicó que los abogados suelen esperar a que se aprueben los presupuestos municipales para entonces activar las promociones de cobro. Añadió que hay asuntos que deben revisarse penalmente por presunto fraude procesal y consideró que algunos casos podrían llegar a la Suprema Corte de Justicia.

El presidente municipal hizo un llamado a revisar estos procesos a nivel nacional, incluso proponiendo llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia, con el argumento de que la “cosa juzgada” no debe contradecir el derecho de la población a recibir servicios públicos básicos como salud, seguridad y alumbrado.

“La Corte debería revisar si la cosa juzgada puede convivir con la justicia social. No puede ser que alguien que ganaba 8 mil pesos al mes termine recibiendo pagos calculados como si ganara 30 mil diarios”, concluyó.