De aparecidos y desapariciones

Eduardo Meraz

Como uno más de los miles de desaparecidos en el presente sexenio, el gobierno, en efecto, se encuentra en esa condición. Y su mejor esfuerzo para acabar con ese flagelo, fue desaparecer estadísticamente a los desaparecidos.

Hoy, después de años de negarse a hablar con padres y madres buscadores, cuando las cifras de no aparecidos en tiempos del cuatroteísmo suman alrededor de 60 mil personas, el gobierno decide salir del “sarcófago del pachá” ante la condena de Naciones Unidas.

Su propuesta de dialogar y revisar los datos oficiales versus las consideraciones del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, es para rechazar y negar sus propias cifras de desaparecidos. La administración del segundo piso de la transformación confía más en la “fosa clandestina de los otros datos”, en su propósito de enterrar la realidad.

La actuación gubernamental mexicana para justificar la no presencia de tantos mexicanos, es el sostenimiento de la “verdad sospechosa” de la ausencia de una política de Estado en este terreno. Pero no consentir, no permitir y no ordenar la desaparición forzada, está lejos de significar el establecimiento de esquemas y mecanismos para evitar este flagelo.

Según la Secretaría de Gobernación, cuya titular es acompañante permanente de la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo que el gobierno de México rechaza las declaraciones de integrantes del Comité en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado.

México está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia. Atención retardada durante más de seis años, pues fue hasta el descubrimiento el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, hace poco más de un mes, en que ante el escándalo empezó a “anunciar la puesta en marcha de acciones contundentes para estos efectos”, seis mil desaparecidos después.

Todo indica que el “síndrome Gertz” -cuyas principales síntomas son la desesperante espera, la pachorrudez y la negativa a comprometerse- se apoderó de la administración pública morenista, en todos sus niveles, y sólo actúa “contundentemente” cuando la popularidad se ve en riesgo.

Y con ese timing propio de los poderes ejecutivo y legislativo federales, han decidido posponer las leyes para atender los casos de las desapariciones, supuestamente para escuchar a los familiares de desaparecidos. Y se entiende, pues tras los muros de Palacio Nacional, del Palacio Legislativo y del Senado de la República quienes deambulan en sus interiores parece padecen sarampión: no oyen nada.

Y ya metidos en eso de los milagros de Teuchitlán, ahora resulta que debajo de la Piedra que ya no rueda; ahora sólo reposa, invadida de moho, luego de un sexenio extraviada, se localizó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El Rosario de agravios que han sufrido millones de mexicanos por un sistema de salud que ha dejado morir a miles, poco importa; hoy, hay que hacerse presente y levantar la voz contra el Comité de la ONU. El holograma o fantasma de la CNDH rechazó que en México se viva una crisis de desapariciones y más aún que éstas sean consecuencia de una política de Estado.

Sin dar ningún dato duro de su afirmación, la dichosa Comisión dice que el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, está totalmente descontextualizado… y se apartan de lo que debiera ser un juicio serio de las condiciones que se viven actualmente en México”.

Y como cereza, la CNDH descalifica todo ejercicio de observación foránea al sostener: “La presencia de misiones extranjeras o de medidas impuestas o recomendadas desde el exterior, han probado su poca eficacia y en ocasiones, incluso, la complicación de lo que se pretende remediar”.

Así, entre apariciones, aparecidos, desaparecidos y desapariciones, fosas clandestinas y seres insensibles e inservibles, Teuchitlán se confirma como la Piedra -y no rosario- de toque, rumbo al colapso de la dinastía guinda.

He dicho.

EFECTO DOMINÓ

Si nos atenemos a las cifras contenidas en los Precriterios Económicos para 2026, al final del siguiente año, la deuda de los mexicanos ascenderá a 20 billones de pesos; es decir, 1.5 billones por año, autorizados por el Congreso.

Ese monto es el equivalente al costo de los apoyos y programas del Bienestar; una especie de tienda de raya, región 4T