Sin juicio
Eduardo Meraz
Cualquier persona puede perder el juicio, salirse de sus cabales, lo cual dificulta más alcanzar la objetividad, tan inalcanzable por y para la humana naturaleza, si bien para los juzgadores, su formación académica y su desempeño profesional los fuerzan a una mayor imparcialidad en su actuación.
Por eso llama profundamente la atención la afirmación presidencial: “ninguno (de los ministros) tiene un juicio objetivo’ para declarar impedida a la ministra Lenia Batres de participar en el caso.
Y si ningún ministro tiene un juicio objetivo, ¿cómo se puede garantizar la imparcialidad de una sentencia? ¿Será esa la razón por la cual tanto el poder ejecutivo como el legislativo desacatan las resoluciones de la Corte?
La tardanza o el incumplimiento de un ordenamiento judicial vulneran el Estado de Derecho. Y quien lo hace, está impedido éticamente para hablar sobre la validez de los procedimientos o los juicios emitidos.
Sheinbaum acusó: “no hay objetividad en la decisión” de los ministros e insistió en que ‘el tema que está de fondo es que todos los mexicanos tienen que pagar impuestos’.
Y fue más allá: ‘Hubo (un ministro) que escondió por ahí la deuda por un año, la resolución por un año.
¿Qué a poco ese ministro era muy objetivo? O al decir que Lenia (Batres) no puede participar en la decisión, ¿no es una decisión poco objetiva?, cuestionó la presidenta. ‘No se puede hablar de Estado de Derecho para algunas cosas y para otras que no me conviene no, ¿Hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? Y el Estado de Derecho quiere decir que todas y todos cumplamos con la responsabilidad de pagar impuestos’, agregó la mandataria federal.
Si negar lo irrefutable es una manifestación de soberbia, defender lo indefendible refleja mayormente terquedad y, sí, ausencia de juicio de quien se aferra a una visión o versión apartada de la realidad o de la verdad, anteponiendo perjuicios.
Sin negar el legítimo interés del gobierno por recuperar impuestos de quienes deben pagarlos, no menos cierto es la aún vigente posibilidad constitucional de poner en duda el pretendido cobro público y someter la controversia a un juzgador y, de ser necesario, llegar hasta la Suprema Corte para obtener una decisión inapelable.
Pero si quienes deben asumirse como jueces, con antelación han emitido juicios de valor sobre una de las partes, esta condición conlleva en sí misma un sesgo difícil de subsanar durante el análisis de los pros y contras del caso.
Con este antecedente, parece fuera de lugar y de tono lo expresado este jueves por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo en defensa de la ministra Lenia Batres, la cual fue excusada -por unanimidad- de participar en la revisión y análisis del diferendo existente entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La ausencia de objetividad tan suya del cuatroteísmo y del anterior y actual gobiernos hace crecer las sospechas sobre la integración de la próxima generación de juzgadores en el país, pues los criterios fijados por un poder ajeno -legislativo o ejecutivo- genera una marcada dependencia.
Los mexicanos estaríamos a expensas de los criterios impuestos no por el poder judicial, sino por los otros dos poderes, con lo cual la Suprema Corte de Justicia, carecería de juicio propio para ser el árbitro justo, equitativo e imparcial que los mexicanos anhelan.
Si jueces, magistrados y ministros son personas sin juicio, quiere decir que, en el futuro, la justicia estará sujeta a caprichos y ni siquiera de los juzgadores, sino de quienes hicieron hasta lo imposible -incluidos chantajes y presiones- para imponerlos y se conviertan en guardianes de sus intereses.
Esperemos que esta prejuiciada falta de juicio de los actuales integrantes del poder judicial no se agudice con su próxima integración. De lo contrario, el desamparo será total y absoluto.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
En cambio, quienes sí hicieron uso de su buen juicio, fueron las consejeras Claudia Zavala, Dania Ravel y Carla Humphrey, quienes se retiraron de la llamada Herradura de la Democracia, cuando Ernesto Prieto tomó protesta como consejero del Poder Legislativo de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Sobre él, pesan acusaciones de ser deudor alimentario.
