Carteles terroristas

Su postura: El Secretario de Estado en Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que hay disposición de cooperar con el gobierno mexicano para enfrentar a los cárteles mexicanos.

Afirmó que designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y considerar acciones militares son “opciones que están sobre la mesa”. Sin embargo, subrayó que prefieren acordar una colaboración estrecha con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, para enfrentar a estos grupos criminales.

El senador estadounidense, advirtió que Estados Unidos debe evitar volverse más dependiente de China y hacer más para disuadir a Beijing de no invadir Taiwán. Respondió a preguntas del legislador David H. McCormick sobre las implicaciones al designar a los cárteles de la droga, como organizaciones terroristas trasnacionales. Ante esto, Rubio reconoció que esta medida podría ser una herramienta útil, pero advirtió que es “imperfecta” debido a la sofisticación de los cárteles, que operan en tráfico de drogas, personas y migrantes.

“Es importante no solo perseguir a estos grupos, sino identificarlos como terroristas que generan migración masiva y flujo de drogas”, señaló Rubio. También destacó que los cárteles tienen control operacional en vastas áreas de la frontera entre México y Estados Unidos, situación que calificó como “un hecho desafortunado”. Asimismo, el senador McCormick planteó la posibilidad de una acción militar para combatir a los cárteles, a lo que Rubio respondió que esa es una opción disponible, aunque no es la preferida del Departamento de Estado, pese a ello, la decisión final corresponderá al presidente Trump, añadió. Enfatizó su intención de trabajar en cooperación con México, argumentando que la violencia de los cárteles impacta tanto a Estados Unidos como a México.

“Los cárteles aterrorizan y socavan al gobierno de México”, afirmó, recordando los asesinatos de candidatos y periodistas registrados en los últimos años. El republicano, de origen cubano estadounidense, reafirmó su compromiso de buscar soluciones bilaterales para fortalecer la relación entre ambos países y enfrentar problemas comunes.

Entre otras cosas: El fiscal especial Jack Smith, en su Informe de dos volúmenes afirma que “Trump debió ser condenado” por los hechos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Smith, quien renunció a su cargo, lucho hasta el final para que se hiciera público su Informe de dos volúmenes y más de 130 páginas, en el que detalló los intentos de Trump por anular los resultado electorales de hace 4 años. Tras el vencimiento de una suspensión judicial, el Congreso de Estados Unidos recibió este informe exhaustivo, que describe las acciones de Trump para impugnar el resultado electoral de 2020, cuando perdió las elecciones contra Joe Biden.

“Era una condena segura”, señala Smith en su Informe, que es muy contundente con su afirmación de que en otro momento, si el caso del 6 de enero fuera a juicio, Trump sería condenado a prisión por su participación en el asalto al Capitolio. Smith expone los esfuerzos de Trump para retener el poder, afirmando explícitamente que el presidente electo intentó revertir la voluntad de los votantes. El Informe ofrece un relato objetivo de las tácticas utilizadas, como presionar a funcionarios estatales y al vicepresidente Mike Pence, organizar a electores fraudulentos e incitar al ataque al Capitolio el 6 de enero. «La opinión del Departamento de Justicia, que la Constitución prohíbe la acusación y el procesamiento de un presidente, es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la solidez de las pruebas o los méritos del procesamiento, que mi oficina respalda plenamente», escribió Smith en su informe.

Smith continuó: «De hecho, si no fuera por la elección del señor Trump y su inminente regreso a la presidencia, el caso era suficiente para una condena». La decisión final de no presentar cargos contra Trump, tras una sentencia de la Corte Suprema que le otorgó inmunidad, demostró las grietas que tuene el sistema de justicia estadounidense. Trump reclama su completa exoneración tras el cese de las acciones legales. Sin embargo, Smith lo discute, afirmando la validez de los cargos y las pruebas. Su oficina sostiene que las interpretaciones constitucionales dificultan el enjuiciamiento de un presidente en ejercicio, independientemente de la gravedad penal o de las pruebas. Sobre las acusaciones de Trump, Smith también se mostró contundente: «Donald Trump afirma que la desestimación de sus causas penales significa su exoneración total, eso es falso”, dijo Smith, citando la Constitución como razón para no proceder. El Informe también explora las investigaciones en curso sobre los cientos de conspiradores no acusados.

Aunque no surgieron cargos adicionales, los hallazgos iniciales insinuaron posibles acciones legales contra otros participantes en el asalto al Capitolio. Por ahora, el informe se abstiene de concluir o exonerar a todos los implicados. Está prevista otra audiencia para revisar el segundo volumen de las conclusiones de Smith. El fiscal general Merrick Garland pretende restringir el acceso a esta segunda parte, permitiendo que sólo legisladores selectos la revisen “a puerta cerrada”. Una orden judicial pendiente añade más complejidad a la divulgación de los documentos, que es el caso de la actriz porno Stormy Daniels.