El Congreso local de la Ciudad de México aprobó, con modificaciones normativas, un dictamen que busca fortalecer las acciones contra el delito de extorsión y el cobro de piso.
La iniciativa, impulsada por la jefa de Gobierno Clara Marina Brugada, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI), propone un endurecimiento de las penas para estos delitos, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los capitalinos.
La reforma afecta los artículos 148 quinquies y 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal, estableciendo que las penas por extorsión se duplicarán en ciertos casos, especialmente cuando se utilicen actos de hostigamiento o intimidación. Además, se introducen castigos más severos para aquellos que cometan secuestro exprés o exijan el pago de deudas mediante violencia.
El legislador Alberto Martínez Urincho (MORENA), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, destacó que esta reforma representa un paso importante hacia una Ciudad de México más segura. “El aporte de todos los actores, desde alcaldes hasta diputados, fortalecerá las herramientas judiciales y contribuirá a una política criminal más efectiva y respetuosa de los derechos humanos”, afirmó Martínez Urincho.
Esta reforma también se alinea con los recientes cambios en la Constitución Mexicana, donde se reconoce la gravedad de la extorsión y su impacto social. Según el legislador, este tipo de delitos no solo afectan la integridad de las víctimas, sino que también generan un costo económico significativo, como lo reflejan los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024. En particular, la alcaldía Cuauhtémoc ha sido identificada como una de las más afectadas, con un aumento del 250% en los casos de extorsión entre 2022 y 2023.
Investigaciones periodísticas también han señalado que otras alcaldías como Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón presentan altos índices de cobro de piso, afectando principalmente a los pequeños comerciantes, quienes enfrentan pérdidas económicas del 20% debido a estas prácticas.
Por su parte, la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) expresó su apoyo al dictamen, señalando que las reformas son un paso crucial para garantizar el acceso a la justicia para las familias afectadas. Aseguró que las modificaciones mejorarán los mecanismos de prevención y sanción, mientras que la diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) resaltó la necesidad de abordar la baja tasa de denuncia, pues 7 de cada 10 víctimas de extorsión no reportan el crimen.
La propuesta también contempla la creación de una fiscalía especializada en extorsión y la implementación de una línea telefónica exclusiva para denunciar estos delitos. Además, el aumento de las sanciones busca proteger el patrimonio y la integridad física de los ciudadanos.
El congresista Paulo Emilio García González (MORENA) subrayó que esta reforma tipificará la extorsión como un delito grave, lo que impedirá que los extorsionadores obtengan fianza y permitirá que el delito sea perseguido de oficio, protegiendo así a las víctimas de represalias.
Te puede interesar: Buscan fortalecer la implementación de la Agenda 2030 – Impressiones mx
