A una década de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cientos de manifestantes, incluidos padres de familia y normalistas, se reunieron frente al Senado de la República exigiendo justicia.

La protesta se intensificó con petardos y pintas en las paredes del recinto legislativo.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres, calificó la movilización como respuesta a «10 años sin justicia, de sufrimiento». Los manifestantes también demandaron la reanudación del diálogo y la comparecencia de altos funcionarios, como el secretario de la Defensa Nacional y el fiscal general.

A escasos días de cumplirse 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, las preguntas sobre su paradero y los responsables de los hechos siguen sin respuestas claras. A pesar de que ha pasado casi una década, las investigaciones avanzan lentamente, sin que haya sentencias condenatorias ni información definitiva sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Para las familias, este largo proceso ha estado lleno de frustraciones, pero siguen exigiendo justicia y verdad.

Las autoridades, a pesar de las detenciones de varios implicados, no han logrado obtener información contundente que revele el paradero de los jóvenes. Incluso, recientemente se han involucrado más elementos del Ejército mexicano en las investigaciones, pero la colaboración de la institución ha sido criticada por las familias, quienes aseguran que el Ejército tiene datos importantes que no ha proporcionado. Durante la manifestación, las madres y padres de los desaparecidos declararon que el silencio militar es uno de los mayores obstáculos para avanzar en el caso.

La relación del Ejército y la Guardia Nacional en el caso

Uno de los temas más sensibles en la búsqueda de justicia ha sido la participación del Ejército mexicano. Los padres de los estudiantes señalaron ante estudiantes normalistas, asistentes y medios de comunicación, que desde hace años, los militares tienen información importante que podría aclarar lo ocurrido aquella noche. Sin embargo, el Ejército no ha entregado lo que ellos consideran la verdad completa. «El Ejército sabe dónde están nuestros hijos, pero se niega a decirlo», fue uno de los reclamos de los familiares.

En este contexto, la reciente decisión del Senado de integrar a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha despertado preocupación. Las familias de los 43 se preguntan si otorgar más poder al Ejército obstaculizará aún más la búsqueda de la verdad. Para ellos, el papel del Ejército en las graves violaciones a los derechos humanos en México ha quedado impune, y este movimiento podría hacer que sea aún más difícil responsabilizar a las fuerzas armadas.

El dolor de las familias, una herida abierta

En cada conmemoración, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos levantan la voz para recordar al país que su dolor sigue latente. No imaginaban, al principio, que diez años después aún estarían buscando respuestas. “Nos prometieron que nos dirían la verdad, pero lo único que hemos recibido son mentiras. No nos cansaremos de gritar que queremos saber dónde están nuestros hijos”, señaló una de las madres durante la protesta.

Para las familias, la demanda es clara: quieren justicia y castigo para los culpables, pero sobre todo, quieren saber el destino de sus hijos. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, sigue siendo su consigna principal. Aunque la investigación ha sido larga y tortuosa, ellos no están dispuestos a detenerse hasta que la verdad salga a la luz.

Sin avances significativos en el caso

A pesar de las promesas de diversos gobiernos y las reformas implementadas en las instituciones de seguridad, la verdad sigue fuera del alcance. Aunque en los últimos años se han involucrado más actores en la investigación, como peritos internacionales, no se ha logrado una versión definitiva y creíble de lo ocurrido. Los testimonios contradictorios, las declaraciones bajo tortura y la falta de pruebas contundentes han convertido el caso Ayotzinapa en uno de los mayores retos para el sistema de justicia en México.

Para las familias de los desparecidos, la impunidad y la falta de información siguen siendo las mayores barreras en el caso.

La lucha continúa

Con el décimo aniversario de la desaparición, las familias han anunciado una serie de movilizaciones y actos conmemorativos para mantener viva su exigencia de justicia. Para ellas, el dolor y la incertidumbre no han disminuido con el tiempo, y aseguran que no descansarán hasta saber qué ocurrió con los estudiantes.

«Diez años son demasiado tiempo para no saber la verdad. No podemos permitir que esto siga en la impunidad. Las autoridades deben trabajar más para encontrar a los responsables y castigar a quienes participaron en estos hechos», sentenció uno de los padres en la manifestación.

Este 26 de septiembre se conmemorará un triste evento en la historia de México. Mientras el país sigue enfrentando los retos de la violencia y las desapariciones forzadas, el caso Ayotzinapa sigue siendo un recordatorio doloroso de la deuda que se tiene con las víctimas y sus familias.