¿”Suspensión intrusiva”?

Por Mario Díaz

• Juicio de amparo divide criterios y politiza aún más la pugna entre la 4T y el PJF
• Tribunal Colegiado declara fundado recurso de queja del Senado
• Conflicto jurídico-político sería “cortina de humo” para la sobrerrepresentación

H. Matamoros, Tamaulipas.- Vaya controversia que provocó la admisión de amparo promovida por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos por parte del juez Noveno en Materia Administrativa de la Ciudad de México, RODRIGO DE LA PEZA LÓPEZ FIGUEROA, y que derivó en una orden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para nombrar a dos magistrados temporales para la Sala Superior.

Como es del dominio público, la decisión del togado provocó reacciones encontradas en la Secretaría de Gobernación, Senado de la República, en el TRIFE y, por supuesto, entre ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación.

El juicio político ante la Cámara de Diputados, denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y queja en el Consejo de la Judicatura Federal colocó al juez RODRIGO DE LA PEZA en el “ojo del huracán” y, además, la suspensión provisional otorgada prácticamente politizó el tema y colocó en relieve la pugna existente entre los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Afortunadamente, la cordura y procedimientos tranquilizaron los ánimos luego de que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México declarara fundado el recurso de queja interpuesto por el Senado.

Lo extraño del caso es que tres de los cinco magistrados que integran momentáneamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se manifestaron en favor de la denuncia ante la FGR ante lo que consideran una “suspensión intrusiva”, olvidando que la determinación del Juez Noveno en Materia Administrativa está sujeta a la decisión superior que representa el Tribunal Colegiado.

Asimismo, causó extrañeza que los tres magistrados del TRIFE optaran por interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) pasando por alto la facultad del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano interno que supervisa las acciones de los juzgadores.

Cabe señalar que el conflicto jurídico-político surge por el hecho de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está sesionando con solo cinco de los siete magistrados que integran la Sala Superior, toda vez que el Senado de la República no ha designado a los faltantes.

Si bien es cierto que con los actuales integrantes son suficientes para aprobar o rechazar algunos asuntos de su injerencia, también es cierto que se requiere de una votación de al menos 6 magistrados para calificar al pasado proceso electoral y validar la elección de la presidenta electa, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Por tal motivo, el juez RODRIGO DE LA PEZA considera que tomó una decisión adecuada ya que el Tribunal no tiene una facultad para integrarse a sí mismo, pero que su determinación no implica que esté invadiendo funciones del máximo tribunal en materia electoral.

De acuerdo al juzgador, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos sugirió tres escenarios para otorgar la suspensión provisional: Uno, obligar al Senado a nombrar los magistrados faltantes; dos, que el Juzgado Noveno en Materia Administrativa de la Ciudad de México decretara que las decisiones fueran válidas con solo cinco magistrados de la Sala Superior del TRIFE y; tres, utilizar un mecanismo para suplir temporalmente las vacantes. El Juez optó por el tercer escenario.

Sin embargo, en contraparte, el criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para revocar la suspensión provisional señala que no se advierte un daño inminente por el hecho de que la sala no esté integrada por un mínimo de seis magistrados y que es facultad de la Sala Superior proponer a magistrados regionales para lograr el pleno.

El caso es que-distractor o no-el conflicto jurídico-político entre la 4T y el Poder Judicial de la Federación está contribuyendo a que pase desapercibido el espinoso tema que tiene que ver con la sobrerrepresentación partidista en la Cámara de Diputados y Senado de la República.

La polarización de criterios en sentido y en otro estriba que la Constitución no permite una sobrerrepresentación por partido superior al 8%, pero no aclara a plenitud cuando se trata de coaliciones. Si se aplica el criterio partidista, Morena no tendría mayoría calificada en el Congreso de la Unión; sin embargo, con el esquema coalicionista, sí logra ese objetivo y le permitirá (con sólo un par de votos más en el Senado) cambiar, incluso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Cómo la ve?

DESDE EL BALCÓN:
I.-Eso de temas que tienen que ver con el Poder Judicial de la Federación trae a colación la intensa actividad que viene sosteniendo el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, FAUSTINO GUTIÉRREZ PÉREZ, lo mismo en presentación en medios de comunicación que en centros universitarios. El tema: la iniciativa de ley de reforma al PJF.
Su doctorado en materia de Derecho Constitucional y su experiencia de más de 35 años en el Poder Judicial de la Federación, le permite realizar una exposición ampliamente entendible para todo tipo de audiencias.
Misma actividad despliegan el licenciado FRANCISCO JAVIER CAVAZOS ARGÜELLES, Juez de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales, y el licenciado RAFAEL QUIROZ SORIA, Magistrado Adscrito al Tribunal Colegiado de Apelación, con sede en este puerto fronterizo.

Y hasta la próxima.
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