En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres han decidido expresar su rechazo a la violencia cotidiana que enfrentan. No obstante, una parte significativa de esta violencia proviene de autoridades y mujeres policías, específicamente en los operativos del alcoholímetro realizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Testimonios recopilados por el despacho legal Fractal Abogados señalan que las mujeres detenidas en estos operativos son objeto de amedrentamiento, intimidación y violencia física y psicológica, incluso cuando cumplen con todas las indicaciones. Estas agresiones van desde esposamientos hasta golpizas, sin considerar su estado de salud o vulnerabilidad.

Las denuncias coinciden en que, en el Centro de Detenciones y Sanciones Administrativas, conocido como «El Torito», se niega información sobre los derechos de las detenidas y se les amenaza por buscar amparos o asesoría legal. «Es evidente todas las violaciones a los derechos humanos en el Torito: las intimidaciones y el abuso de autoridad, se les niega el derecho a un amparo, un recurso legal que les permite recuperar su libertad y sus bienes», señaló Ángel Sumano, director de Fractal Abogados.

Uno de los testimonios, respaldado por el expediente 149/2023 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, describe cómo los oficiales trataron a la víctima de manera prepotente y agresiva, negándole acceso al baño o la comunicación con su familia. Además, fue golpeada físicamente en la mandíbula cuando expresó su desesperación.

Ángel Sumano subrayó que el respaldo ofrecido por la organización no busca avalar el consumo de alcohol o conducir en estado de ebriedad, sino desmitificar la idea de que solo las personas ebrias son detenidas en el alcoholímetro. Además, hace un llamado a combatir todo tipo de abuso, incluido el abuso de autoridad, que afecta especialmente a las mujeres.

A pesar de que el programa del alcoholímetro busca salvar vidas, las denuncias señalan violaciones constantes a los derechos humanos por parte de los oficiales de tránsito, quienes actúan con impunidad respaldados por la aceptación social del programa. En este contexto, es crucial que las personas conozcan sus derechos en caso de ser detenidas en un operativo del alcoholímetro.

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