A partir del 19 de febrero, por instrucciones directas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Bertha Alcalde Luján se convierte en la nueva directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sucediendo a Pedro Zenteno Santaella.
Con una destacada trayectoria en el ámbito de la salud y la administración pública, Alcalde Luján fungió como comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) desde el 16 de septiembre de 2021. Durante este período, lideró la inspección y vigilancia de hospitales, medicamentos e insumos médicos, entre otros aspectos cruciales.
Su experiencia también incluye su rol como delegada federal de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, adscrita a la Secretaría de Bienestar, donde coordinó la estrategia de vacunación durante la pandemia, desde el 16 de noviembre de 2020 hasta el 3 de agosto de 2021.
En el ámbito de la seguridad y protección ciudadana, Bertha Alcalde ocupó diversos cargos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), siendo secretaria ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante el año 2019. Además, se desempeñó como titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia en la misma institución, donde también ejerció como directora general de Apoyo Jurídico.
Con una formación académica sólida, Alcalde Luján posee un título de licenciatura en Derecho otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un título de maestría en Estudios Legales Internacionales obtenido en la Universidad de Nueva York.
Al asumir la dirección general del ISSSTE, Bertha Alcalde se compromete a continuar la transformación del organismo, enfocándose en consolidar estrategias para la mejora y expansión de instalaciones médicas, la reducción del rezago, el mantenimiento de clínicas y hospitales, el aseguramiento del abasto de medicamentos y la modernización de los 21 seguros, servicios y prestaciones.
Todo ello, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y brindar atención de calidad a los 13.8 millones de derechohabientes, compuestos por los trabajadores al servicio del Estado y sus familias.
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