Ahora viene ¡la AMLOTROIKA!

Por: Federico La Mont

Sus tiempos: El presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó el envío de un paquete de 18 iniciativas de reformas constitucionales y dos legales; una reforma electoral para elegir a consejeros, ministros, magistrados y jueces; cambios profundos al Poder Judicial; devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter público y estratégico; asignar la Guardia Nacional al Ejército; fortalecer la austeridad republicana y desaparecer varios organismos autónomos.

Su iniciativa busca dar marcha atrás a muchas de las modificaciones hechas en el periodo neoliberal en detrimento del interés público. Entre ellas, los cambios en el régimen de pensiones impulsados por los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del IMSS e ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario y para reparar este daño, desde el primero de mayo se creará un fondo de 64 mil 619 millones de pesos que se incrementará anualmente.

Afrenta: Respecto al Poder Judicial, López Obrador dijo que jueces, magistrados y ministros, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo.

Otra de las iniciativas es el reforzamiento de la austeridad republicana como política de Estado, a fin de que, con mayor claridad y contundencia, se incorpore al artículo 127 constitucional el principio de que ningún servidor público perciba más que el presidente.

No se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones que hizo a los servidores públicos el presidente Benito Juárez.

Respecto a la desaparición de organismos autónomos, el mandatario dijo que se eliminarán todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger los negocios particulares en contra del interés público.

Ratificó que su reforma electoral contiene la propuesta de eliminar a los diputados y senadores plurinominales, para que la Cámara de Diputados se conforme solamente por 300 integrantes y se reduzca de 128 a 64 los senadores.

Tope partidos: También se disminuirá el gasto de organización electoral, el financiamiento de campañas y de partidos, al tiempo que el umbral para ser vinculatorios los resultados de una consulta popular bajará de 40 a 30 por ciento del padrón electoral como participación mínima, extensivo a la revocación de mandato.

Por otro lado, destacó que con el objeto de revertir las facilidades para la privatización en materia de energía eléctrica se promoverá una reforma para devolver a la CFE su carácter público y estratégico.

Se prohibirá el uso del fracking para la explotación de hidrocarburos; las concesiones de minas a cielo abierto y el maíz transgénico.

El presidente anunció también un paquete fundado en sus políticas sociales: reducir de 68 a 65 años la edad para recibir la pensión de adultos mayores; que la ayuda para personas discapacitadas tenga carácter universal, durante toda su vida; elevar a rango constitucional los Programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

Que el salario mínimo no se incremente por debajo de la inflación y determinar un salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo, así como para policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras.

Plantea reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con atención preferente; que serán consultados cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes que les afecten.

Alianza: López Obrador planteó a la Cámara de Diputados una reforma para renovar la integración total del Poder Judicial de la Federación, y elegir por voto directo, en comicios extraordinarios, a ministros, magistrados electorales y a los integrantes de un tribunal de disciplina judicial, que sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal.

Busca incorporar a la Constitución, mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar en los procesos de elección de ministros, magistrados y jueces, a fin de designar a personas sensibles a los problemas sociales.

Se trata de un paquete de 20 iniciativas que fue entregado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a la mesa directiva de la Cámara de Diputados en San Lázaro, ahí la fracción parlamentaria de Morena anunció que mañana presentará una ruta para el desahogo de los temas en comisiones y en el pleno.

Como lo había planteado, López Obrador propone extinguir el Consejo de la Judicatura Federal e integrar un nuevo órgano de administración judicial, que separe las funciones administrativas de la investigación y sanción de los integrantes de ese poder de la Federación.

La intención es romper con la inercia de los acuerdos cupulares, donde los que ministros, magistrados y jueces no son responsables ante la ciudadanía, sino ante quienes los propusieron en el cargo, y defendió que con esta iniciativa no se debilita al Poder Judicial ni afecta su autonomía e independencia.

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Insistió en que los ministros y magistrados electorales no ganen más que el presidente de la República, y formuló que se elimine el haber de retiro, que se les paga cuando concluyen con su encargo.

Entre los cambios descritos en la iniciativa, se busca eliminar las dos salas con las que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que todos los asuntos enviados a los ministros sean conocidos y debatidos directamente por el pleno, además, éste pasaría de su actual integración de 11 ministros a nueve, e incluso que sean electos para periodos de 12 años improrrogables y no quince años como es actualmente.