El “traca-traca” entre los Poderes

Por Mario Díaz

-Acabar con privilegios y optimizar recursos: Ejecutivo y Legislativo
-La 4T pretende debilitar al poder y luego nombrar nueva Corte: Poder Judicial
-Supuesta o real concentración del poder, polariza la opinión pública

H. Matamoros, Tamaulipas.-La extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) no tan solo es un tema que tiene que ver con supuestos o reales privilegios de ministros, jueces, magistrados y la afectación directa a los empleados sindicalizados.

La reforma aprobada por el Congreso de la Unión refleja también la intención del gobierno de la Cuarta Transformación por controlar ese Poder y, eventualmente, el continuismo de la 4T sea respaldada por los tres poderes que integran nuestro sistema constitucional.

Si bien es cierto que existen excesos económicos que ejercen los integrantes del Poder Judicial de la Federación y que requieren regulación, también es cierto que el régimen lopezobradorista pretende controlar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para respaldar y garantizas la continuidad del proyecto de nación de la 4T.

Es decir, el fondo del asunto que trae confrontados a los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra del Judicial no se circunscribe a pesos y centavos, lo que está en juego es su autonomía para vigilar y corregir lo que hacen las autoridades locales o federales y salvaguardar la voluntad popular.

Al respecto, vale la pena precisar que el presidente que el jefe del Ejecutivo federal, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ha embestido en varias ocasiones al Poder Judicial como consecuencia del rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las iniciativas que pretenden transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y el rechazo al llamado “Plan B Electoral”.

El criterio de los poderes Ejecutivo y Legislativo es que se deben extinguir los fideicomisos para desaparecer privilegios de jueces, magistrados y ministros y optimizar los recursos públicos en beneficio de programas sociales.

En contraparte, en el Poder Judicial de la Federación existe la percepción de que la 4 T pretende, primero, debilitar la división de poderes y hacer del PJF un verdadero botín electoral y, segundo, reformar la Constitución para que los togados sean electos mediante el voto popular y, en consecuencia, nombrar una nueva Corte.

Ante las diferentes perspectivas es necesario recordar que el sistema constitucional mexicano está diseñado con contrapesos para evitar tiranías o gobiernos dictatoriales que podrían surgir con la concentración del poder.

Es por ello que en la división de poderes se contempla el Ejecutivo, Legislativo y Judicial; federación, estados y municipios son las distintas instancias de gobierno en nuestro país.

Por cierto, por medio de volantes los empleados sindicalizados al servicio del Poder Judicial de la Federación hacen algunas precisiones a la población en general.

Uno de los argumentos señala que “el PJF es uno de los tres poderes tradicionales que tiene México. Es quien le corresponde vigilar y corregir lo que hacen las autoridades, sean locales o federales. Pero para que pueda vigilarlos, se necesita que las personas acudan a solicitar un amparo. El PJF por ley no puede actuar de oficio”.

Otra más subraya que “el PJF resuelve conforme a lo que las partes ofrezcan como pruebas. Si el Ministerio Público (que no forma parte del PJF) no ofrece pruebas contundentes y sólidas, el PJF no puede sustituir las funciones del mismo, porque también la propia Constitución salvaguarda el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso”.

Respecto a que, si México tiene una Corte y Poder Judicial de la Federación caros, la respuesta es: “No, de hecho, la SCJN es de los tribunales que más asuntos resuelven en el mundo, porque conocen múltiples juicios de amparo (personas vs. Autoridad), controversias constitucionales (Estado vs. Federación o al revés) y acciones de inconstitucionalidad (promovidas, mayormente por minorías legislativas y por algunos órganos constitucionales autónomos, como la CNDH) en un país con casi 130 millones de habitantes. En otros países su población es menor y en consecuencia, tienen menos asuntos que conocer”.

Al margen de la polarización de criterios y a quién le asista la razón en el conflicto entre los poderes constitucionales lo cierto es que, en vía de mientras, el juez federal JUAN FERNANDO LUÉVANO, suspendió la reforma avalada por el Congreso de la Unión que elimina 13 de los 14 fideicomisos que acumulan más de 15 mil millones de pesos del Poder Judicial de la Federación.
El próximo jueves, el juzgador realizará la audiencia incidental para resolver si concede o no la suspensión definitiva.

DESDE EL BALCÓN:
I.-Si en el proceso electoral 2024 el gobierno de la Cuarta Transformación retiene la Presidencia y logra además la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, muy seguramente la 4T mantendrá el control del Poder Judicial de la Federación y, obviamente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y hasta la próxima.
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