7 de agosto, Día del Comerciante Popular en CDMX


La diputada Diana Sánchez Barrios, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una Iniciativa con Proyecto de Decreto para instituir el 7 de agosto como “Día del Comerciante Popular”.

Desde tribuna, la legisladora afirmó que el objetivo es reconocer, dignificar y resignificar al comercio popular, un sector que —dijo— ha sido históricamente invisibilizado, estigmatizado y criminalizado desde la política pública.

Sánchez Barrios sostuvo que la ciudad tiene una vocación comercial histórica, previa incluso a la Conquista, cuando el Valle de México se organizaba en torno a tianguis, mercados y canales. Añadió que la capital “nació comerciando y se transformó comerciando”.

La diputada subrayó que la iniciativa no responde a un gesto simbólico, sino a una deuda histórica del Estado con millones de personas trabajadoras que sostienen la economía cotidiana de la ciudad. Señaló que el comercio popular ha sido tratado durante años como una actividad que debía erradicarse, ocultarse o castigarse.

Advirtió que esta estigmatización impacta de manera interseccional en mujeres —particularmente jefas de hogar—, población indígena y migrante interna, personas de la diversidad sexual y de género, adultos mayores y jóvenes excluidos del empleo formal.

La legisladora alertó que asociar el comercio popular con ilegalidad, sin analizar las causas estructurales, ha derivado en desalojos, violencia institucional, precarización laboral y ausencia de garantías jurídicas.

Precisó que la propuesta no se contrapone al Día Nacional del Pequeño Comerciante, sino que lo complementa desde la realidad específica de la Ciudad de México, donde el comercio popular tiene un peso relevante en la economía barrial, la cohesión social y el derecho al trabajo.

Sánchez Barrios insistió en que reconocer una fecha oficial permitirá visibilizar a quienes ejercen esta actividad como sujetos de derechos y no como un problema urbano. “No puede haber una ciudad de derechos si seguimos negando derechos a quienes la sostienen todos los días”, concluyó.


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